EL DÌA 25 DE MAYO, EN LA PLAZA CENTRAL DE ANDALGALÀ, SE DESARROLLABA,
PARALELAMENTE AL ACTO OFICIAL (EN LA ESQUINA OPUESTA DE LA PLAZA), EL
“ACTO DE LOS PUEBLOS POR LA EMANCIPACIÒN”.
EN ÈSE MARCO, EL JUEZ RODOLFO CECENARRO, RESPONSABLE DIRECTO DE LA
ORDEN DE REPRESIÒN DEL 15 DE FEBRERO DEL CORRIENTE, OBRÓ
PROVOCATIVAMENTE PASANDO FRENTE AL PUEBLO QUE, AL RECONOCERLO,
ACTUÓ REALIZANDO ESPONTÀNEAMENTE UN ESCRACHE PÚBLICO.
SE LE DIJO A VIVA VOZ “CORRUPTO”, POR DFENDER LOS INTERESES DE LAS
EMPRESAS TRASNACIONALES; “REPRESOR” Y “VIOLENTO” POR SU VISIBLE
PROVOCACIÒN.
EL DÌA 26 DE MAYO, ESTE JUEZ PRESENTA UNA DENUNCIA PENAL MINTIENDO
NUEVAMENTE DE SER AMENAZADO POR UN ASAMBLÌSTA.
TENIENDO EN CUENTA QUE DESDE COMENZADA LA ACCIÒN DE CORTE A LA EMPRESA
AGUA RICA EN CHAQUIAGO, EL DÌA 14 DE DICIEMBRE DE 2009 HASTA LA FECHA,
SE HAN PRESENTADO MÀS DE 300 DENUNCIAS REALIZADAS POR LOS VECINOS POR
ABUSO DE AUTORIDAD DE SU PARTE, DE LA FISCAL Y DE LAS FUERZAS
PÙBLICAS, UNA VEZ MÀS LA “JUSTICIA” ACTÙA CON APREMIO CONTRA EL
PUEBLO.
REPUDIAMOS A LA JUSTICIA OBEDIENTE A LOS INTERESES TRASNACIONALES QUE
ATENTA CONTRA LA VIDA DE MILES DE ANDALGALENSES.
REPUDIAMOS LAVIOLENCIA Y LAS AMENAZAS QUE SUFREN LOS VECINOS QUE
DEFIENDEN EL TERRITORIO Y EL BIEN MÀS SAGRADO QUE TENEMOS: EL AGUA.
UN TRABAJO QUE MATA “NO ES DIGNO”.
LA GUERRA QUE COMENZARON EN NUESTRO TERRITORIO “DEBE TERMINAR”.
EXIGIMOS QUE DESJUDICIALICEN LOS COMPAÑEROS CRIMINALIZADOS POR DEFENDER EL AGUA E INTENTAR GARANTIZAR COMO CIUDADANOS QUE SE RESPETE UN AMBIENTE SANO PARA LAS GENERACIONES VENIDERAS
ASAMBLEA EL ALGARROBO LLAMA AL CONSENSO DE LOS PUEBLOS POR LA
AUTODETERMINACIÒN, LA VIDA Y LA PAZ.
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La agresión al juez Cecenarro pasa a la justicia Federal
Según fundamentó la fiscal, la acción del ambientalista se encuadra en el delito de amenazas agravadas contemplado en el artículo 149 del Código Penal Argentino que establece que la pena será de de cinco a diez años de prisión o reclusión en los siguientes casos:
-a) Si las amenazas tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos.
- b) Si las amenazas tuvieren como propósito el de compeler a una persona a hacer abandono del país, de una provincia o de los lugares de su residencia habitual o de trabajo. Nieva sostiene que la agresión se encuadra en este último ítem.
Desde el momento que se presentó la denuncia, la fiscal investigaba bajo la figura de la "simple amenaza" conforme al artículo 149 bis del Código Penal que tipifica el delito de amenazas simple, como aquéllas que son usadas con el propósito de amedrentar o alarmar a una o varias personas. La pena es prisión de seis meses a dos años. Y sólo bajo esta figura la fiscal provincial podría declararse como competente.
Según explicó el Código Procesal Penal en su artículo 33 establece que la amenaza agravada es competencia del juez federal. Es por ello que a través de un dictamen el lunes se declarará incompetente y luego enviará la causa a la Justicia Federal.
Nieva confirmó que en el marco de la investigación iniciada tomó testimonio a varios de los testigos que presentó Cecenarro.
Paradero
Con respecto al paradero del uruguayo Alejandro De Las Cuevas, la Policía le informó a la fiscal que el lunes se presentará de manera espontánea. Allegados del ambientalista comunicaron a los uniformados que siempre estuvo en Andalgalá, con un inconveniente personal por un familiar enfermo y por ello se presentaría la próxima semana. Supuestamente, el ambientalista estuvo ayer en la radio andalgalense FM La Perla, según confirma la página digital del medio. Allí habría declarado que tomó distancia y se apartó a un lugar más tranquilo por los problemas con el juez Cecenarro pero que no era consciente de que la Policía lo buscaba.
Por último, la fiscal argumentó que no había solicitado a la Policía que ubique el paradero del ambientalista porque tenía todos sus datos personales a partir de una denuncia que antes había presentado en Fiscalía contra una empresa minera.
Declaraciones: Alejandro De Las Cuevas habría negado ayer que ingresó al bar para amenazar al juez. Según su versión, advirtió la presencia del magistrado pero salió del lugar y lo transmitió a sus compañeros. Reconoció que la idea de organizar un escrache fue de él. Y admitió que desde afuera los ambientalistas lo culparon por los incidentes del 15 de febrero. Pero también negó amenazas de muerte para él o para su familia.
http://www.elancasti.com.ar/nota.php?id=69834
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