http://www.catamarcaya.com/notas.php?id_nota=24404
16/04/2010
| EXPLOTACIÓN -DENUNCIA IMPULSADA POR FISCALÍA GENERAL FEDERAL DE TUCUMÁN La prensa complice no publica nada en Catamarca: La Alumbrera habría estafado al fisco en más de 17 mil millones de dolares Expediente. El fiscal Gómez presentó la denuncia por al menos tres delitos que se estarían cometiendo en perjuicio del Estado nacional. El fiscal general federal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, presentó una denuncia contra Minera La Alumbrera, por la comisión del delito de estafa, a través la obtención de ganancias no declaradas, como consecuencia de la explotación encubierta de cromo, titanio, cobalto, cesio, uranio. La suma de la presunta estafa ascendería a los U$S 17.360.148.75. El fiscal explicó la raíz de la denuncia. “Se presentó ante la Fiscalía, Guillermo Vergara, quien extrajo de la mina una roca, la hizo analizar y se encontró con que había mucho minerales que no eran declarados por la empresa, así nació la denuncia que se presentó en febrero de este año”, señaló el letrado. El representante del Ministerio Público, señaló que ya se hicieron las primeras actuaciones, se citó a declarar a Vergara para que ratificara los dichos de la denuncia. Según explica el expediente judicial, el exorbitante número se obtiene haciendo un cálculo del valor de mercado de los minerales no declarados y de la cantidad de roca que la mina reconoció haber extraído. La conclusión es que La Alumbrera estaría ganando de modo encubierto, un promedio de noventa dólares por tonelada, habiendo descontado de dicho monto todo lo que significa el costo de producción desde la extracción hasta el fraccionado y la venta. “Al parecer de la memoria de la propia empresa se estaría extrayendo un promedio anual de 91.250.000 toneladas por año. Es decir que la empresa no declara U$S 8.266.337.500 por año. Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (Ymad) recibe en nombre de Catamarca el 20% de las utilidades netas de la empresa”, explica el expediente. “En doce años de producción -continúa- ello implica que, al gobierno catamarqueño por estos 12 años le corresponden U$S 11.903.526.000, a la Universidad Nacional de Tucumán U$S 3.967.842.000 y al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) U$S3.967.842.000. A ello debe sumarse que al Gobierno de Catamarca se le debe pagar el 3% en concepto de regalías, es decir unos U$S 2.975.881.500. Siguiendo el esquema de precisión que se acompaña, el monto por el impuesto a las ganancias evadido rondaría los 17.360.148.750 U$S”. Según explicó el fiscal, la denuncia no sólo alcanza a la mina, sino también a los directivos de Yacimientos Agua de Dionisio “Hasta aquí y ahora nunca estuvo claro cuánto han recibido en concepto de utilidades los socios de Ymad. Estas irregularidades pueden sospecharse sobre la distribución de las utilidades que hace esa empresa”. “La Alumbrera lleva transferidos desde el 30/06/06 al 14/02/07 la suma de U$S 82 millones a la firma Ymad en concepto de utilidades. Pero los montos girados a las universidades, solo se tiene conocimiento de $50 millones de pesos efectuado en el año 2008, todo según resolución del CIN. Es decir que, en 7 meses Ymad recibió un aproximado de 250 millones de pesos y al CIN solo llegó 50 de una utilidad que al menos debió estar en el doble si consideramos el año entero”, señala el expediente judicial. | |
Brizuela del Moral y el "coco" Quintar pasaron una vergüenza mayúscula y supina delante de todos en el acto en Fiambalá… una vecina le canto las cuarenta y sin vaselina
Nada hacía presagiar que un acto del gobierno provincial encabezado por el gobernador y su señora esposa mas las otras autoridades, entre ellas el intendente “coco” Quintar, quedara opacado de esta forma tan singular y en medio de todos los presentes, mas cuando lo que tuvo que escuchar, fue no solamente en vivo y en directo y sin anestesia, sino que con el micrófono y palco emplazado para las actividades protocolares.
"La Justicia frenó la minería a cielo abierto"
Jueves 15 de Abril de 2010
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/142860-45978-2010-03-29.htmlAgradecemos al diario digital Fiambalahoy.com.ar por su generosa colaboración
Como estaba previsto en la visita del gobernador por el distrito Fiambalá en una agenda de inauguraciones de obras. Durante el medio día se dejó habilitada la huella minera hacia la alejada localidad de Rio Grande.
Luego por la noche se realizó un acto frente al Colegio Polimodal N° 17, donde se llevó a cabo la habilitación de un sistema de iluminación y cordones cunetas en varias arterias de la ciudad.
En ese acto dentro del protocolo previsto, dirigió la palabra una vecina, la Sra. Lorena Carrizo de Funes, quien al comienzo de su discurso, fue pura alabanzas hasta que al finalizar el mismo le dio como para que tenga y guarde al gobernador, el intendente y a la minería, donde el público presente quedo con los ojos mas que abiertos, en particular, las mujeres, entre ella la señora del Brizuela del Moral, que no salía de su asombro.
En la parte más polémica del discurso dijo: “Tantas gracias recibidas, ya que llevo la cultura arraigada en la sangre y la fe bien enseñada por mi familia.
Esta obra y otras inauguradas hoy con fondos de las regalías mineras y pensar que todo esto es a costa de vender nuestras hermosas montañas y envenenar el agua con productos químicos, condenar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos a una tierra contaminada y destruida, es un precio muy alto.
Entonces Sr. Gobernador y Sr. Intendente, NO gracias por condenar a este pueblo como lo hicieron con Andalgalá, Belén y Santa María.
Texto completo del discurso de la Sra. Lorena Carrizo de Funes
Buenas Noches a todas las autoridades.
Sr Gobernador.
Sr intendente.
Hoy se inaugura este alumbrado publico para esta parte del barrio centro, tan necesitaría, debido a que todas horas transitan alumnos y profesores de la Escuela Polimodal e Instituto de estudios superiores Fiambalá, además de nosotros vecinos.
Yo soy nacida, criada y formada en este pueblo, tengo mi familia construida aquí y todos nosotros amamos nuestro pueblo y nos enorgullece ver el gran crecimiento de nuestro Fiambalá, que es visitado en todas las épocas de año por miles de turista de todas partes del país y del mundo y en muchas ocasiones, he podido compartir con ellos charlas donde comentan que lo más lindo es el aire puro que se respira, la tranquilidad, paz y sincero acogimiento de los pobladores.
Poder observar de noche el cielo estrellado y en el día las hermosas montañas que nos rodean, tener estos paisajes es una bendición de Dios y ni hablar de las termas, o por nada nos dicen, “La perla del turismo” para la provincia de Catamarca.
Nuestra producción de uvas y de vinos de una calidad excelente también reconocida mundialmente.
Tantas gracias recibidas ya que llevo la cultura arraigada en la sangre y la fe bien enseñada por mi familia.
Esta obra y otras inauguradas hoy, con fondos de la regalías mineras y pensar que todo esto es a costa de vender nuestras hermosas montañas y envenenar el agua con productos químicos, condenar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos a una tierra contaminada y destruida, es un precio muy alto.
Entonces Sr. gobernador y Sr. intendente, No Gracias, por condenar a este pueblo como lo hicieron con Andalgalá, Belén y Santa María.
Como estaba previsto en la visita del gobernador por el distrito Fiambalá en una agenda de inauguraciones de obras. Durante el medio día se dejó habilitada la huella minera hacia la alejada localidad de Rio Grande.
Luego por la noche se realizó un acto frente al Colegio Polimodal N° 17, donde se llevó a cabo la habilitación de un sistema de iluminación y cordones cunetas en varias arterias de la ciudad.
En ese acto dentro del protocolo previsto, dirigió la palabra una vecina, la Sra. Lorena Carrizo de Funes, quien al comienzo de su discurso, fue pura alabanzas hasta que al finalizar el mismo le dio como para que tenga y guarde al gobernador, el intendente y a la minería, donde el público presente quedo con los ojos mas que abiertos, en particular, las mujeres, entre ella la señora del Brizuela del Moral, que no salía de su asombro.
En la parte más polémica del discurso dijo: “Tantas gracias recibidas, ya que llevo la cultura arraigada en la sangre y la fe bien enseñada por mi familia.
Esta obra y otras inauguradas hoy con fondos de las regalías mineras y pensar que todo esto es a costa de vender nuestras hermosas montañas y envenenar el agua con productos químicos, condenar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos a una tierra contaminada y destruida, es un precio muy alto.
Entonces Sr. Gobernador y Sr. Intendente, NO gracias por condenar a este pueblo como lo hicieron con Andalgalá, Belén y Santa María.
Texto completo del discurso de la Sra. Lorena Carrizo de Funes
Buenas Noches a todas las autoridades.
Sr Gobernador.
Sr intendente.
Hoy se inaugura este alumbrado publico para esta parte del barrio centro, tan necesitaría, debido a que todas horas transitan alumnos y profesores de la Escuela Polimodal e Instituto de estudios superiores Fiambalá, además de nosotros vecinos.
Yo soy nacida, criada y formada en este pueblo, tengo mi familia construida aquí y todos nosotros amamos nuestro pueblo y nos enorgullece ver el gran crecimiento de nuestro Fiambalá, que es visitado en todas las épocas de año por miles de turista de todas partes del país y del mundo y en muchas ocasiones, he podido compartir con ellos charlas donde comentan que lo más lindo es el aire puro que se respira, la tranquilidad, paz y sincero acogimiento de los pobladores.
Poder observar de noche el cielo estrellado y en el día las hermosas montañas que nos rodean, tener estos paisajes es una bendición de Dios y ni hablar de las termas, o por nada nos dicen, “La perla del turismo” para la provincia de Catamarca.
Nuestra producción de uvas y de vinos de una calidad excelente también reconocida mundialmente.
Tantas gracias recibidas ya que llevo la cultura arraigada en la sangre y la fe bien enseñada por mi familia.
Esta obra y otras inauguradas hoy, con fondos de la regalías mineras y pensar que todo esto es a costa de vender nuestras hermosas montañas y envenenar el agua con productos químicos, condenar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos a una tierra contaminada y destruida, es un precio muy alto.
Entonces Sr. gobernador y Sr. intendente, No Gracias, por condenar a este pueblo como lo hicieron con Andalgalá, Belén y Santa María.
"La Justicia frenó la minería a cielo abierto"
Jueves 15 de Abril de 2010
El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Jujuy, resolvió a favor de los Vecinos de Tilcara y Juella, el "recurso de Inconstitucionalida d interpuesto contra el estado provincial" por el tema minero. De esta manera el máximo Tribunal de la pcia, dictaminó: "Revocar la sentencia dictada el 13 de abril del 2009 (expte B-193.302/08) " por el cual, el Tribunal Contencioso Administrativo de jujuy, había rechazado el recurso de amparo presentado por los vecinos autoconvocados de Tilcara.
Por Vecinos Autoconvocados de Tilcara contra la Minería a Cielo Abierto
Superior Tribunal de Justicia de Jujuy pone freno a la minería a cielo abierto en la Quebrada de Humahuaca
El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Jujuy, resolvió a favor de los Vecinos de Tilcara y Juella, el "recurso de Inconstitucionalida d interpuesto contra el estado provincial" por el tema minero. De esta manera el máximo Tribunal de la pcia, dictaminó: "Revocar la sentencia dictada el 13 de abril del 2009 (expte B-193.302/08) " por el cual, el Tribunal Contencioso Administrativo de jujuy, había rechazado el recurso de amparo presentado por los vecinos autoconvocados de Tilcara.
El recurso de amparo fue presentado, el 1 de agosto del 2008 por los vecinos "exigiendo que Juzgado Administrativo de Minas se abstenga de otorgar permisos de cateos, exploración, y explotación minera a cielo abierto y la utilización de sustancias químicas como cianuro, mercurio, acido sulfúrico, y otros tóxicos similares utilizados en los procesos de producción y/ o industrializació n de minerales metalíferos, especialmente de uranio, y que se revoquen los permisos concedidos o en tramite en la zona de la Quebrada de Humahuaca, Jujuy.
La presentación de los Vecinos autoconvocados de Tilcara y Juella se basó en los pedidos de cateos y exploración de minerales de 1º y 2º categoría otorgados a la empresa Uranios del Sur S.A., tramitados bajo los exptes 1017-U-2008 sobre una superficie de 9.100 hectáreas y el 721-U-2007 sobre una superficie de 5000 hectáreas en el departamento de Tilcara. Ambos emprendimientos ubicados más precisamente en las zona de los "amarillos" de Juella y Yacoraite, sobre los territorios de las Comunidades Aborígenes de "Yacoraite" y "El Angosto de Yacoraite".
La sentencia tiene fecha 23 de febrero 2010, pero recién fue dada a conocer el día 12 de abril. El dictamen del tribunal se basó en los argumentos expuestos por el Juez del Tribunal, Presidente de trámite, el Dr. Héctor Tizón. (Expte 6706/09).
En sus consideraciones el Juez Tizón: reconoció la plena vigencia del "principio precautorio" consagrado en el art. 4º de Ley General del Ambiente 25.675, del año 2002, que reglamenta el art.41 de la Constitución Nacional , que dispone que cuando haya peligro de daño grave e irreversible -como lo es la explotación minera a cielo abierto- se debe actuar a favor de la protección del medio ambiente. En este sentido no es necesario esperar que se produzca el daño, ya que el mismo resulta irreversible.
En este sentido fue mas a fondo y aseguró que "los daños causados al medio ambiente, una vez producidos, resultan en la práctica de casi imposible reparación"; ...... "cabe presumir, hasta tanto se demuestre lo contrario, que por lo menos existe la posibilidad o el peligro cierto de que las tareas de las mineras en la zona produzcan contaminación, y conlleven un daño ambiental";. ....... "No es posible prescindir de la preservación del derecho a un ambiente sano y no contaminado, Derecho Humano Fundamental" .
Apreciamos además que el Juez Tizón haya evocados otro conceptos importantes enmarcado en el derecho ambiental moderno, como él de "daños generacionales" "es decir aquellos que por su magnitud repercuten no sólo en la generación actual sino que sus efectos van a impactar en las generaciones futuras.
Tambien manifestó que: "Resulta un absurdo contrasentido permitir nuevas explotaciones, como las mineras a cielo abierto, en un territorio declarado Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad por la UNESCO en 2003, ya que ese título es revocable." El Juez Tizón calificó de "papelón internacional" , a esa posible revocación de la declaración de patrimonio de la Humanidad , asegurando además que la misma "causaría seguramente daños a la infraestructura turística ya realizada"
En el dictamen cuestionó fuertemente al Tribunal Contencioso Administrativo de Jujuy, conformado por los Jueces: Sebastián Damiano; Benjamín Villafañe y Luis oscar Morales, quienes a palabras de Tizón "desatendieron e ignoraron olímpicamente" la existencia de presuntos daños ambientales en 8 causas penales, asentadas en los Juzgados Federales Nº 1 y Nº 2 de Jujuy.
Por ultimo consideró que "la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo no se ajustó a derecho vigente y que por el contrario, adoleció del vicio de arbitrariedad, por ser incongruente y autocontradictoria. "
Finalmente el Tribunal (sumadas las firmas de los Jueces: José Manuel del Campo, Maria Silvia Bernal, Sergio Jenefes y Sergio Gonzalez): resolvieron: revocar la sentencia anterior (negativa para los vecinos), y remitir nuevamente al Tribunal de origen, el expte para que se vuelva a considerar el pedido de los vecinos de Tilcara.
Hoy más que nunca los vecinos de Tilcara y Juella queremos reafirmar que:
* Constatamos con suma satisfacción que, no solamente, el Superior Tribunal de Justicia ordena revocar el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo, sino que también alude claramente a muchos conceptos ambientales que, por nuestra parte vamos sosteniendo y defendiendo contra vientos y mareas desde hace dos años.
* La gran minería a cielo abierto es la peor opción de "progreso" para nuestra provincia, como quieren hacernos creer. Mueve mucho dinero entre pocas personas; contamina el medio ambiente, ahora y para nuestros hijos; usa millones de litros de agua diarios, secando arroyos y napas de agua, perjudicando la agricultura y la ganadería, arruinando definitivamente la vida en el campo y los pueblos de la Quebrada y la Puna.
* Hoy existen numerosos casos de contaminación en nuestra Puna, reconocidos por el propio gobierno provincial y las empresas, y denunciados penalmente, causas radicadas en las Fiscalías Federales de Jujuy. Exigimos que se investiguen estas causas penales por delitos ambientales que se encuentran cajoneadas en las Fiscalía federales Nº 1 y Nº 2 de Jujuy, a cargo de los Fiscales Batule y Snopek.
* Reiteramos nuestros reclamos a la Legislatura de la provincia y al Gobernador, para que se prohíba la minería a cielo abierto, con el uso de sustancias químicas.
*No queremos la minería a cielo abierto contaminante en nuestras tierras y ríos. Estamos por la defensa de la vida, de la tierra y del agua, y por tanto de los cultivos y la ganadería que hacen a la vida tradicional quebradeña, y están fuertemente ligadas a la cultura de la tierra y al paisaje.
* No toleraremos la explotación minera en la zona. No permitiremos el saqueo de nuestros bienes naturales. Resistiremos con la fuerza que nos da la defensa de lo nuestro y de los nuestros, de nuestra salud y del futuro de nuestros hijos, de nuestras formas de vida, de nuestra cultura y de nuestra Madre Tierra
CONFERENCIA de PRENSA
Los Vecinos Autoconvocados de Tilcara y Juella convocamos a conferencia de Prensa el día JUEVES 15 de ABRIL a las 11 hs. en el Estudio Jurídico de la Dra. Alicia Chalabe, representante legal de los Vecinos Autoconvocados de Tilcara y Juella, en calle Independencia 291 5º piso "C" - San Salvador de Jujuy, donde brindaremos todos los detalles del fallo del Superior Tribunal y los próximos pasos a seguir.
Vecinos Autoconvocados de Tilcara y Juella
En defensa del agua y de la vida / NO a la minería de uranio
NO a la minería a cielo abierto / NO a la contaminación de nuestras tierras y ríos
Contactos: autoconvocadostilca ra@gmail. com Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla
(0388)- 155 092658 / 154 037658 / 154 141995
Superior Tribunal de Justicia de Jujuy pone freno a la minería a cielo abierto en la Quebrada de Humahuaca
El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Jujuy, resolvió a favor de los Vecinos de Tilcara y Juella, el "recurso de Inconstitucionalida d interpuesto contra el estado provincial" por el tema minero. De esta manera el máximo Tribunal de la pcia, dictaminó: "Revocar la sentencia dictada el 13 de abril del 2009 (expte B-193.302/08) " por el cual, el Tribunal Contencioso Administrativo de jujuy, había rechazado el recurso de amparo presentado por los vecinos autoconvocados de Tilcara.
El recurso de amparo fue presentado, el 1 de agosto del 2008 por los vecinos "exigiendo que Juzgado Administrativo de Minas se abstenga de otorgar permisos de cateos, exploración, y explotación minera a cielo abierto y la utilización de sustancias químicas como cianuro, mercurio, acido sulfúrico, y otros tóxicos similares utilizados en los procesos de producción y/ o industrializació n de minerales metalíferos, especialmente de uranio, y que se revoquen los permisos concedidos o en tramite en la zona de la Quebrada de Humahuaca, Jujuy.
La presentación de los Vecinos autoconvocados de Tilcara y Juella se basó en los pedidos de cateos y exploración de minerales de 1º y 2º categoría otorgados a la empresa Uranios del Sur S.A., tramitados bajo los exptes 1017-U-2008 sobre una superficie de 9.100 hectáreas y el 721-U-2007 sobre una superficie de 5000 hectáreas en el departamento de Tilcara. Ambos emprendimientos ubicados más precisamente en las zona de los "amarillos" de Juella y Yacoraite, sobre los territorios de las Comunidades Aborígenes de "Yacoraite" y "El Angosto de Yacoraite".
La sentencia tiene fecha 23 de febrero 2010, pero recién fue dada a conocer el día 12 de abril. El dictamen del tribunal se basó en los argumentos expuestos por el Juez del Tribunal, Presidente de trámite, el Dr. Héctor Tizón. (Expte 6706/09).
En sus consideraciones el Juez Tizón: reconoció la plena vigencia del "principio precautorio" consagrado en el art. 4º de Ley General del Ambiente 25.675, del año 2002, que reglamenta el art.41 de la Constitución Nacional , que dispone que cuando haya peligro de daño grave e irreversible -como lo es la explotación minera a cielo abierto- se debe actuar a favor de la protección del medio ambiente. En este sentido no es necesario esperar que se produzca el daño, ya que el mismo resulta irreversible.
En este sentido fue mas a fondo y aseguró que "los daños causados al medio ambiente, una vez producidos, resultan en la práctica de casi imposible reparación"; ...... "cabe presumir, hasta tanto se demuestre lo contrario, que por lo menos existe la posibilidad o el peligro cierto de que las tareas de las mineras en la zona produzcan contaminación, y conlleven un daño ambiental";. ....... "No es posible prescindir de la preservación del derecho a un ambiente sano y no contaminado, Derecho Humano Fundamental" .
Apreciamos además que el Juez Tizón haya evocados otro conceptos importantes enmarcado en el derecho ambiental moderno, como él de "daños generacionales" "es decir aquellos que por su magnitud repercuten no sólo en la generación actual sino que sus efectos van a impactar en las generaciones futuras.
Tambien manifestó que: "Resulta un absurdo contrasentido permitir nuevas explotaciones, como las mineras a cielo abierto, en un territorio declarado Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad por la UNESCO en 2003, ya que ese título es revocable." El Juez Tizón calificó de "papelón internacional" , a esa posible revocación de la declaración de patrimonio de la Humanidad , asegurando además que la misma "causaría seguramente daños a la infraestructura turística ya realizada"En el dictamen cuestionó fuertemente al Tribunal Contencioso Administrativo de Jujuy, conformado por los Jueces: Sebastián Damiano; Benjamín Villafañe y Luis oscar Morales, quienes a palabras de Tizón "desatendieron e ignoraron olímpicamente" la existencia de presuntos daños ambientales en 8 causas penales, asentadas en los Juzgados Federales Nº 1 y Nº 2 de Jujuy.
Por ultimo consideró que "la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo no se ajustó a derecho vigente y que por el contrario, adoleció del vicio de arbitrariedad, por ser incongruente y autocontradictoria. "
Finalmente el Tribunal (sumadas las firmas de los Jueces: José Manuel del Campo, Maria Silvia Bernal, Sergio Jenefes y Sergio Gonzalez): resolvieron: revocar la sentencia anterior (negativa para los vecinos), y remitir nuevamente al Tribunal de origen, el expte para que se vuelva a considerar el pedido de los vecinos de Tilcara.
Hoy más que nunca los vecinos de Tilcara y Juella queremos reafirmar que:
* Constatamos con suma satisfacción que, no solamente, el Superior Tribunal de Justicia ordena revocar el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo, sino que también alude claramente a muchos conceptos ambientales que, por nuestra parte vamos sosteniendo y defendiendo contra vientos y mareas desde hace dos años.
* La gran minería a cielo abierto es la peor opción de "progreso" para nuestra provincia, como quieren hacernos creer. Mueve mucho dinero entre pocas personas; contamina el medio ambiente, ahora y para nuestros hijos; usa millones de litros de agua diarios, secando arroyos y napas de agua, perjudicando la agricultura y la ganadería, arruinando definitivamente la vida en el campo y los pueblos de la Quebrada y la Puna.
* Hoy existen numerosos casos de contaminación en nuestra Puna, reconocidos por el propio gobierno provincial y las empresas, y denunciados penalmente, causas radicadas en las Fiscalías Federales de Jujuy. Exigimos que se investiguen estas causas penales por delitos ambientales que se encuentran cajoneadas en las Fiscalía federales Nº 1 y Nº 2 de Jujuy, a cargo de los Fiscales Batule y Snopek.
* Reiteramos nuestros reclamos a la Legislatura de la provincia y al Gobernador, para que se prohíba la minería a cielo abierto, con el uso de sustancias químicas.
*No queremos la minería a cielo abierto contaminante en nuestras tierras y ríos. Estamos por la defensa de la vida, de la tierra y del agua, y por tanto de los cultivos y la ganadería que hacen a la vida tradicional quebradeña, y están fuertemente ligadas a la cultura de la tierra y al paisaje.
* No toleraremos la explotación minera en la zona. No permitiremos el saqueo de nuestros bienes naturales. Resistiremos con la fuerza que nos da la defensa de lo nuestro y de los nuestros, de nuestra salud y del futuro de nuestros hijos, de nuestras formas de vida, de nuestra cultura y de nuestra Madre Tierra
CONFERENCIA de PRENSA
Los Vecinos Autoconvocados de Tilcara y Juella convocamos a conferencia de Prensa el día JUEVES 15 de ABRIL a las 11 hs. en el Estudio Jurídico de la Dra. Alicia Chalabe, representante legal de los Vecinos Autoconvocados de Tilcara y Juella, en calle Independencia 291 5º piso "C" - San Salvador de Jujuy, donde brindaremos todos los detalles del fallo del Superior Tribunal y los próximos pasos a seguir.
Vecinos Autoconvocados de Tilcara y Juella
En defensa del agua y de la vida / NO a la minería de uranio
NO a la minería a cielo abierto / NO a la contaminación de nuestras tierras y ríos
Contactos: autoconvocadostilca ra@gmail. com Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla
(0388)- 155 092658 / 154 037658 / 154 141995
Agua en peligro
Por D. A.
La megaminería a gran escala requiere para su funcionamiento enormes cantidades del líquido. Y Andalgalá es testigo de ese monumental uso: Minera Alumbrera cuenta desde hace trece años con un permiso de extracción de 1100 litros por segundo, 66.000 litros por minuto, casi cuatro millones de litros por hora en una zona semidesértica. El nuevo yacimiento, Agua Rica, ya comenzó con las obras de infraestructura y se ubica en la cima de las montañas donde nacen los ríos que alimentan de agua a las ciudad. La compañía descarta que exista riesgo hídrico.
El nuevo yacimiento tiene permiso para usar 390 litros de agua por segundo, casi 34 millones por día. Según la OMS, una personas necesita 50 litros diarios para satisfacer sus necesidades. Agua Rica consumirá, por día, el equivalente a lo que utilizan 680 mil personas.En 2007, la sede local del INTA pidió que el Congreso nacional “establezca zona de exclusión minera a todos aquellos sitios emplazados en las nacientes de las fuentes hídricas y de aguas que abastecen a la población, como es el caso de Agua Rica en Andalgalá”.
Hernán Vera, de Yamana Gold, afirmó que el uso de agua “será mínimo, existe un permiso por 390 litros por segundo, pero no se usarán más de 250”. “No hay riesgo alguno de falta de agua”, dijo y aseguró que “una chacra de 250 hectáreas usa la misma cantidad de agua que requerirá Agua Rica”.
Horacio Machado Aráoz es magíster en Ciencias Sociales e investigador del Grupo de Ecología Política de Clacso. Junto a un grupo de profesionales estudió el Informe de Impacto Ambiental de Agua Rica. “La propia empresa reconoce que ‘la cantidad de agua superficial disminuirá’.” El investigador cita textual la promesa de la empresa: “Si se detectan cambios atribuibles al proyecto en la disponibilidad del agua, la compañía construirá pozos para reemplazar las fuentes de agua y comprometerá a los usuarios a planificar una estrategia de manejo de agua”.
29 de MARZO 2010
"ANDALGALÁ, LA CIUDAD QUE FUE CONCESIONADA"
Articulo Original: Darioaranda.wordpress.com (Página 12)
El gobierno de Catamarca otorgó en concesión minera todo el subsuelo de una ciudad de 17 mil habitantes. De avanzar la actividad extractiva, se contempla desalojar el casco urbano del histórico pueblo. Rechazos desde la asamblea vecinal. En un hecho sin precedentes, el gobierno de Catamarca otorgó el área urbana de la ciudad de Andalgalá en concesión para explotación minera. Incluso aclaró que, de ser necesario, los vecinos dejarán sus viviendas para que la minera avance con la extracción del mineral. Andalgalá es la tercera ciudad en importancia de la provincia, fue fundada en 1658 y sus 17 mil habitantes no pueden creer que la actividad minera prevalezca sobre sus 350 años de historia. “Es increíble cómo el gobierno nos entrega a la voracidad minera”, denunció Graciela Chayle, integrante de la Asambleas Vecinos por la Vida, espacio que impulsó la movilización de la ciudad en reclamo del retiro de Alumbrera y la prohibición de la actividad minera. En 2009, el gobierno de Catamarca ya había aprobado un polémico proyecto (llamado Agua Rica) a sólo 17 kilómetros de la ciudad, y que los vecinos sindican como la puerta de entrada de otros proyectos, entre ellos el que implicará el desalojo compulsivo de los habitantes. El Concejo Deliberante local aprobó un plebiscito vinculante para que la población decida si acepta o rechaza la instalación de Agua Rica.
El departamento de Andalgalá, al noroeste de Catamarca, fue una de las primeras regiones del país en conocer la megaminería metalífera a gran escala. En 1994 comenzó allí la instalación de Bajo la Alumbrera, una megaexplotación de cobre y oro que llegó con promesas de trabajo, bienestar y desarrollo local. A poco de funcionar, la población comenzó a denunciar el incumplimiento de lo prometido y, sobre todo, los casos de contaminación y afecciones en la salud.
La empresa, que en ese momento pertenecía al consorcio de la suiza Xstrata y las canadienses Goldcorp y Northern Orion –hoy Yamana Gold–, había prometido, junto a los políticos de turno, la construcción de un barrio para 5 mil personas, nuevas escuelas, un hospital de alta complejidad, rutas asfaltadas y 6 mil puestos de empleo. Nada se cumplió. Ya en 2004 Andalgalá estaba dividida en torno de la minería. Pero la noticia de un nuevo yacimiento –Agua Rica, de cobre, molibdeno y oro–, publicitado como tres veces más grande que Alumbrera, alarmó a la ciudad. El emprendimiento se ubica a sólo 17 kilómetros de la ciudad, donde nacen los ríos que alimentan de agua a la población (ver aparte).
Urbano Cardozo es un jubilado que divide su tiempo entre la familia y la militancia, según sus palabras, por mantener el ambiente sano para sus nietos. Había aplaudido la llegada de la gran minería a la zona, pero en poco tiempo cambió de opinión. En abril de 2004 le advirtió a este periodista: “Agua Rica es la primera de una larga fila de mineras que se quieren instalar, por eso hay que frenarla. Vienen por todo. Quieren matar al pueblo”. Seis años después, el miércoles pasado, Cardozo volvió a hablar con este diario. “Sabíamos y sabemos que Agua Rica es la carta de defunción del pueblo, pero no imaginamos que el gobierno y las empresas llegarían a tanto, a rematar el pueblo, a echarnos para que venga una minera. No pensé vivir algo así”, lamentó el jubilado militante.
El documento oficial, de la Secretaría de Minería de Catamarca, es claro: “El área de mina cubre prácticamente la ciudad de Andalgalá, situación que es normal y corriente, ya que según el Código de Minería pueden coexistir las dos propiedades, tanto la minera como la superficial, siendo la minera en este caso con fines de prospección y exploración, que en caso de llegar a una explotación se deberá contemplar la indemnización correspondiente y el mayor interés público por parte del Estado, para la prioridad del desarrollo”. Es el párrafo textual de un escrito oficial, fechado el 18 de noviembre de 2009, y que lleva la firma de la máxima autoridad minera de Catamarca, el secretario de Minería, Guillermo Sinner.
El informe oficial precisa que se trata del expediente “770B2005”, que el yacimiento fue denominado “Pilciao 16”, y detalla que se entregó el área a las empresas Billiton Argentina BV y confirmó la posibilidad de expropiar viviendas para que avance la actividad minera. El informe también precisa que sobre el departamento de Andalgalá pesan 280 permisos mineros de prospección y exploración. Sólo Pilciao 16 involucra 4465 hectáreas, gran parte del casco urbano.
La concesión minera de la ciudad de Andalgalá fue otorgada silenciosamente en diciembre de 2005, y fue mantenida en secreto hasta noviembre último, cuando el concejal Alejandro Páez realizó un pedido de informes a la Secretaría de Minería de Catamarca. “A mediados de 2009 me llamó la atención que en una zona cercana, de valles y donde el pueblo de Andalgalá tiene reservas de aguas subterráneas, se comenzaron a ver movimientos, perforaciones y venta de campos. Por eso hice el pedido de informes a la autoridad competente. Nunca imaginé que nuestras autoridades habían entregado el pueblo de forma tan indigna”, detalló Páez.
Con el contexto de una comunidad que se debate desde hace una década por el accionar minero, la posibilidad de desalojos masivos y la pérdida del lugar donde vivieron toda su vida, se incrementó el rechazo a la actividad. La Asamblea Vecinos por la Vida de Andalgalá dio el alerta en diciembre: “Nos sentimos expulsados, violados, ultrajados, al enterarnos de que la Secretaría de Minería concedió a la empresa Billiton Argentina BV el área de mina que cubre prácticamente la ciudad de Andalgalá. No puede entrar en la lógica de nadie que un gobierno valore más el interés de una empresa minera por encima de los derechos a la vida de toda la ciudad”, denunció.
Los vecinos impulsaron “Caminatas por la vida”, marchas en las que reunieron a más de 5 mil personas (en un pueblo de 17 mil). Graciela Chayle tiene 46 años, cinco hijos, y es nacida y criada en Andalgalá, como sus padres. Tiene una pregunta y dos certezas. “¿Cómo se animaron a hacer algo como Pilciao 16, con el desalojo de la ciudad incluido?” Se responde: “El gobierno y las empresas jamás pensaron que el pueblo se iba a levantar, nos veían como quedados, demasiado tranquilos. Como ya habíamos permitido a Alumbrera, pensaron que no íbamos a hacer nada. Por otro lado, queda claro que se equivocaron: Andalgalá resiste”.
Billiton Argentina BV pertenece al grupo internacional BHP Billiton, con sede en Australia y presencia en 25 países. Explota y comercializa petróleo, aluminio, metales, acero, diamantes y carbón energético. Una de sus subsidiarias (BHP Petroleum Corporation) explora, con permiso británico, petróleo en las Islas Malvinas. Billiton Argentina BV tiene presencia en Salta desde 2007, donde cuenta con 40 mil hectáreas en concesión. La empresa no cuenta con sitio de Internet en la Argentina, no hay datos suyos en los sitios especializados en minería y en la Secretaría de Minería de Catamarca dijeron no tener contactos actualizados.
Desde la Secretaría de Minería de Catamarca rechazaron hablar con Página/12. Sí hablaron con el diario local El Ancasti. Admitieron la entrega en concesión de Andalgalá a la empresa, que ésta presentó una declaración de impacto ambiental en 2006 y explicaron que “la empresa concesionaria ha demostrado desinterés en la misma en los últimos años, por lo que se infiere falta de interés en la zona”.
El concejal Páez toma distancia de las autoridades provinciales. “Pilciao 16 fue un avasallamiento realizado sin consultar a la población directamente afectada. Si han tenido decisión de hacer eso, ya no puedo creer nada de lo que digan las empresas, la Secretaría de Minería de Catamarca, ni la Secretaría de Minería de Nación.”
Los vecinos que se oponen desde hace una década a la actividad extractiva también afirman que la marcha atrás es sólo momentánea y advierten que no dejarán las calles hasta que se cumpla su exigencia: “Fuera Agua Rica y jamás Pilciao 16. No a la minería, sí a la vida”.
Agua en peligro
La megaminería a gran escala requiere para su funcionamiento enormes cantidades del líquido. Y Andalgalá es testigo de ese monumental uso: Minera Alumbrera cuenta desde hace trece años con un permiso de extracción de 1100 litros por segundo, 66.000 litros por minuto, casi cuatro millones de litros por hora en una zona semidesértica. El nuevo yacimiento, Agua Rica, ya comenzó con las obras de infraestructura y se ubica en la cima de las montañas donde nacen los ríos que alimentan de agua a las ciudad. La compañía descarta que exista riesgo hídrico.
El nuevo yacimiento tiene permiso para usar 390 litros de agua por segundo, casi 34 millones por día. Según la OMS, una personas necesita 50 litros diarios para satisfacer sus necesidades. Agua Rica consumirá, por día, el equivalente a lo que utilizan 680 mil personas.
En 2007, la sede local del INTA pidió que el Congreso nacional “establezca zona de exclusión minera a todos aquellos sitios emplazados en las nacientes de las fuentes hídricas y de aguas que abastecen a la población, como es el caso de Agua Rica en Andalgalá”.
Hernán Vera, de Yamana Gold, afirmó que el uso de agua “será mínimo, existe un permiso por 390 litros por segundo, pero no se usarán más de 250”. “No hay riesgo alguno de falta de agua”, dijo y aseguró que “una chacra de 250 hectáreas usa la misma cantidad de agua que requerirá Agua Rica”.
Horacio Machado Aráoz es magíster en Ciencias Sociales e investigador del Grupo de Ecología Política de Clacso. Junto a un grupo de profesionales estudió el Informe de Impacto Ambiental de Agua Rica. “La propia empresa reconoce que ‘la cantidad de agua superficial disminuirá’.” El investigador cita textual la promesa de la empresa: “Si se detectan cambios atribuibles al proyecto en la disponibilidad del agua, la compañía construirá pozos para reemplazar las fuentes de agua y comprometerá a los usuarios a planificar una estrategia de manejo de agua”.
El nuevo yacimiento tiene permiso para usar 390 litros de agua por segundo, casi 34 millones por día. Según la OMS, una personas necesita 50 litros diarios para satisfacer sus necesidades. Agua Rica consumirá, por día, el equivalente a lo que utilizan 680 mil personas.
En 2007, la sede local del INTA pidió que el Congreso nacional “establezca zona de exclusión minera a todos aquellos sitios emplazados en las nacientes de las fuentes hídricas y de aguas que abastecen a la población, como es el caso de Agua Rica en Andalgalá”.
Hernán Vera, de Yamana Gold, afirmó que el uso de agua “será mínimo, existe un permiso por 390 litros por segundo, pero no se usarán más de 250”. “No hay riesgo alguno de falta de agua”, dijo y aseguró que “una chacra de 250 hectáreas usa la misma cantidad de agua que requerirá Agua Rica”.
Horacio Machado Aráoz es magíster en Ciencias Sociales e investigador del Grupo de Ecología Política de Clacso. Junto a un grupo de profesionales estudió el Informe de Impacto Ambiental de Agua Rica. “La propia empresa reconoce que ‘la cantidad de agua superficial disminuirá’.” El investigador cita textual la promesa de la empresa: “Si se detectan cambios atribuibles al proyecto en la disponibilidad del agua, la compañía construirá pozos para reemplazar las fuentes de agua y comprometerá a los usuarios a planificar una estrategia de manejo de agua”.
Un estudio con dudas
La Municipalidad de Andalgalá pidió en 2007 a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) que hiciera un análisis del Informe de Impacto Ambiental (IIA) presentado por Agua Rica. La intención era apurar la aprobación de Agua Rica, que estaba demorada. Pero los consultores de la UNT cuestionaron el informe de la empresa. El estudio se llamó “Análisis del Informe de Impacto Ambiental Mina Agua Rica” y fue presentado en julio de 2008. Abundan los cuestionamientos técnicos, pide numerosos modificaciones, insta a la realización de nuevos estudios y recomienda que, de mantenerse como está, el proyecto sea desestimado. A pesar de todo, la provincia dio luz verde al emprendimiento. La Unidad de Gestión Ambiental (UGAP) es un organismo dependiente de la Secretaría de Minería. En octubre de 2008, el jefe de la UGAP, Jorge Eremchuk, reconoció que el proyecto tenía “tres puntos críticos” (no precisó cuáles) y se negó a aprobar el Informe Ambiental de Agua Rica. Al día siguiente, el secretario de Minería, José Sinner, lo echó de su puesto.
Por los cuestionamientos al Informe Ambiental, Agua Rica funcionó a paso lento. Era imprescindible esa aprobación para comenzar la construcción. El 17 de marzo de 2009, la compañía anunció que echaría personal, se declaró en “stand by” y dejó trascender la noticia de que, de no obtener vía libre en breve, se retiraría del emprendimiento. Dos días después, la Secretaría de Minería de Catamarca aprobó el cuestionado Informe de Impacto Ambiental y autorizó el avance minero.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-142756-2010-03-27.html
ASAMBLEAS DE TODO EL PAIS SE REUNEN EN ESQUEL CONTRA LA MEGAMINERIA
Por Darío Aranda
Desde el jueves y hasta ayer a última hora, durante todo el día, llegaron hasta la Escuela 713 representantes de las más diversas edades y perfiles. Maestras, amas de casa, empleados administrativos, cooperativistas, indígenas, desocupados, profesionales varios, abogados, jubilados, militantes.
“Sean todos bienvenidos a Esquel, un pueblo con dignidad”, fue la frase que abrió la XII UAC. El patio de la escuela anfitriona estaba tapizado con banderas de consignas explícitas. “Contra el saqueo y la contaminación.” “Los glaciares no se tocan.” “Sí a la vida, no a las papeleras.” “No a la criminalización de la protesta.” Y, por múltiples lugares, la clásica frase: “No a la mina”. Los asambleístas de Gualeguaychú (Entre Ríos) fueron de los primeros en tomar la palabra, agradecieron a los anfitriones y recordaron cuál fue el germen contra la pastera Botnia: “Para nosotros, en nuestra lucha contra las papeleras, Esquel fue la referencia a seguir en la lucha ambiental”.
Entre los objetivos del encuentro está profundizar acciones en las diferentes problemáticas socioambientales de cada región, su vinculación y comprender que todas están fundadas en un mismo modelo político y económico de desarrollo. El encuentro de las UAC consiste en trabajo en comisiones, puestas en común y plenarios de consensos. Cada comisión está integrada por una decena de personas que abarcan dos grandes ejes: agua y territorio y desarrollo y descolonización. Y al mismo tiempo están presentes los temas ya clásicos: minería, conflictos urbanos, legales y agrotóxicos. El domingo será el plenario final, de consensos y acciones hasta la próxima UAC.
En las jornadas de trabajo no estará ausente la situación de la ciudad de Andalgalá (Catamarca), que en febrero último sufrió una dura represión y, el último jueves, tres de sus integrantes fueron nuevamente detenidos por su militancia contra la instalación del megaproyecto Agua Rica. La criminalización y la represión de la protesta –que se repite, en distinta magnitud, en casi todas las comunidad movilizadas– también estarán presentes en cada grupo de trabajo y los plenarios.
“Minería a gran escala, agronegocios y pasteras forman parte de un mismo modelo extractivo y contaminante, fomentado por empresas y gobiernos”, es una de las certezas que guía el accionar de las UAC, que denuncian por igual el papel del sector privado y de los gobiernos (tanto nacional, como provinciales y municipales). También apunta al rol que desempeña la Justicia –procesando a quienes bloquean caminos– y a la policía, que “efectiviza con mano dura y garrote fácil” los cortes de ruta.
Un reclamo histórico de las UAC es, desde sus primeros encuentros, la derogación de leyes mineras, aprobadas durante el menemismo y sostenidas hasta la actualidad. Las empresas aprovechan a rajatabla el Código Minero Argentino, por el cual el Estado (nacional, provincial o municipal) tiene prohibido explotar por sí solo cualquier yacimiento (literalmente el propio Estado se prohíbe la explotación de sus minerales). Las compañías mineras no tienen retención a la exportación, no deben liquidar divisas (no ingresa el dinero de sus ventas al país, todo se dirige al exterior), no pagan impuestos a los combustibles (el que todos pagan cuando cargan nafta) ni tasas para la importación.
“Tiene legislación especial para ingresos brutos, patentes, sellos y habilitaciones”, explican desde Esquel. No pagan IVA ni impuestos por ingreso de maquinarias. Gozan de estabilidad fiscal por treinta años. Esto es: cualquier modificación –ejemplo: impuesto al cheque, que pagan todos los argentinos, o el corralito de 2001– no los afecta. “Existe toda una estructura jurídica que les garantiza a las compañías llevarse todo y dejar sólo contaminación, destrucción y saqueo”, explicaron.
La Unión de Asambleas Ciudadanas es desde hace cinco años un espacio novedoso de articulación de la lucha por los bienes naturales y la autodeterminación de las comunidades. Aunque sus acciones tienen directa relación con el medio ambiente, están lejos de ser espacios simplemente ecologistas, sino que entienden la contaminación como resultante de modelos extractivos continentales, con profundas raíces políticas y económicas y con impactos negativos directos en la salud, el trabajo y la vida de las comunidades.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-140504-2010-02-18.html
Hacía dos meses que un grupo de vecinos de Chaquiago, El Potrero y Andalgalá mantenían una asamblea permanente cerca de Agua Rica, en unos “terrenos cedidos por un hombre, que también está en contra de este tipo de megaemprendimientos”, contó Fernández, pero aclaró: “No era un corte de ruta, sólo una protesta de algunos antropólogos, arqueólogos, docentes y muchas familias bajo un algarrobo”. Sin embargo, el viernes la policía cercó el lugar y, el lunes a la tarde, el grupo especial Kuntur –fuerza de choque antimotines– y efectivos de Gendarmería, con perros y equipo para reprimir, intentaron disuadir a los manifestantes para que los vehículos mineros de Agua Rica pudieran atravesar un viejo camino vecinal hasta el yacimiento.
La madre de Fernández (Graciela, de 50 años), un anciano de 85 y ocho mujeres más armaron la primera cuadrilla y se sentaron sobre el camino para impedir el ingreso de los camiones. “La idea era no provocar y ser pacíficos, pero cuando la policía agarró de los pelos a mi vieja y la metió a la fuerza en una camioneta, les empecé a gritar que me mostraran la orden de desalojo y, entonces, me golpearon y me llevaron a mí también y a dos chicas que estaban filmando toda la represión”, contó a Página/12 Fernández.
Fernández y otros veinte manifestantes fueron llevados a la comisaría de Andalgalá, mientras que el resto de la familia (la madre, la hermana y el hermano de Fernández) y cincuenta personas más fueron encerradas en la seccional de Chaquiago. Según la asambleísta, “los vecinos empezaron a llegar a la plaza (de Andalgalá, frente a la comisaría) y con cacerolas y botellas pedían que nos liberaran”. “Al ratito empezaron a tirar gases lacrimógenos y balas de goma otra vez, y dentro de la seccional nos tuvimos que tirar al suelo”, contó.
Cerca de las 22.30, la mujer fue liberada y unas 10 mil personas, “la mitad de los habitantes del pueblo, como protesta empezaron a tirar piedras en los negocios proveedores de la minera y en el edificio de la municipalidad”, admitió Fernández. La pueblada concluyó a las 4 y, al mediodía, el juez de Minas Guillermo Raúl Cerda notificó al apoderado de la empresa Agua Rica, el “cese de actividades hasta nuevo aviso”, con la intención de poner fin al conflicto social en la zona.
Ayer, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, exigió al gobierno de Catamarca “la inmediata suspensión de las medidas tomadas contra el pueblo de Andalgalá y al gobierno nacional que asuma la decisión política de una ley de minería que contemple la responsabilidad y protección del medio ambiente y el derecho del pueblo”.
Informe: Mariana Seghezzo.
Los Vecinos Autoconvocados por la Vida, de la localidad de Andalgalá, Provincia de Catamarca, Argentina, presentaron una acción de amparo reclamando a la Justicia la “prohibición de innovar“ y oportunamente la “cesación definitiva” del emprendimiento de megaminería de Agua Rica, por afectar sus derechos a la vida, la salud, la integridad física, la propiedad, la identidad cultural y a gozar de un ambiente sano y equilibrado, entre otros derechos protegidos por la Constitución argentina y por los tratados internacionales.
La demanda de 43 fojas, patrocinada por el abogado de derechos humanos Javier Garin –quien es además Vicepresidente del Foro Nacional de Derechos Humanos y Acción Humanitaria- fue presentada el 19 de enero de 2010 por ante el Juzgado de Control de Garantías de turno de la ciudad de Andalgalá, con la firma de numerosos vecinos, quienes se agolparon frente al Juzgado para manifestar públicamente su reclamo.
La acción judicial corona una serie de intensas acciones públicas por parte de los vecinos andalgalenses, quienes desde hace años intentan evitar la instalación de una megamina a cielo abierto en la zona de Agua Rica, en el nevado de Aconquija, a 3.200 metros sobre el nivel del mar y a 17 km de Andalgalá. Previamente, el pasado 15 de enero, realizaron una marcha que contó con cerca de 3.000 concurrentes en una ciudad de 17.000 habitantes.
“Pedimos la cesación definitiva de este emprendimiento –explicó el abogado Garin- porque se trata de una mina tres veces más grande que Bajo La Alumbrera que impactará negativamente sobre el Nevado del Aconquija, declarado Santuario de la Naturaleza, afectando gravemente el medio ambiente, la salud y la existencia misma de la población de Andalgalá. Detonará toneladas de explosivos diarios, contaminando el aire, y utilizará cantidades masivas de agua en una zona árida que la necesita para la vida cotidiana de la gente y para el riego de los cultivos tradicionales. Afectará las aguas del subsuelo en el Campo del Arenal, que son aguas fósiles de diez mil años de edad y que tardarán siglos en reponerse. Además contaminará las aguas superficiales en la cuenca del río Andalgalá de que depende la población. Destruirá el entorno ambiental y el patrimonio arqueológico de la zona. Y por si esto fuera poco, hay estudios geológicos que indican que las características del proyecto aumentan los riesgos de aludes, desmoronamientos, inundaciones y otros fenómenos catastróficos en perjuicio de la ciudad de Andalgalá que se encuentra a los pies de la futura mina”•
Garin explicó que “la titular del proyecto es MINERA AGUA RICA LLC propiedad de YAMANA GOLD INC, empresa creada con la fusión de varias multinacionales mineras, las que vienen a hacer en Argentina lo que no les permiten en sus países de origen: contaminar y envenenar. Vuelan montañas enteras y las reducen a escombros, y luego separan los metales usando “sopas” tóxicas que dejan desechos en el ambiente, con lo cual se llevan del país hasta sesenta minerales distintos, sin valor agregado, en crudo, algunos de ellos estratégicos, por un cánon irrisorio. Para colmo, reciben del Estado toda clase de facilidades, exenciones impositivas, subsidios y reintegros, todo para llevarse nuestros recursos naturales al extranjero dejando tras de sí tierra arrasada, con irreversibles pasivos ambientales.. La megaminería a cielo abierto es reconocida en todo el mundo como una de las actividades más contaminantes, una especie de nuevo coloniaje.”
El abogado de derechos humanos agregó que “los catamarqueños ya saben como es esto, porque hace doce años les dijeron que la mina Bajo la Alumbrera les iba a llevar prosperidad y desarrollo, y la verdad es que ni siquiera tomó obreros de la zona, pues en su mayor parte vienen de otras regiones. Tenemos evidencia de que la megaminería ha implicado una anormalmente alta incidencia de patologías como cáncer, enfemedades, respiratorias, degenerativas y malformaciones, como informan médicos del Hospital de Andalgalá”
La demanda, dirigida contra la minera Agua Rica, la Secretaría de Minería, la Municipalidad de Andalgalá y la Provincia de Catamarca, cita en su apoyo los Análisis del Informe de Impacto Ambiental elaborados por técnicos de la Universidad Nacional del Tucumán –sumamente críticos con el proyecto-, así como de geólogos y otros especialistas que señalan los riesgos de derrumbe, inundaciones y contaminación de acuíferos. Asimismo cita una carta de apoyo a los vecinos del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, donde se denuncian los daños ambientales del proyecto, así como expresiones públicas de funcionarios y legisladores catamarqueños que han manifestado su preocupación.
Fuente: medioymedio.com
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-137921-2010-01-02.html
Yo ingresé a la Cámara de Diputados el 10/12/93 y ejercí mi mandato hasta el 10/12/97. Desde la Comisión de Energía encabecé el movimiento que impidió la privatización de Yacyretá, Salto Grande y la CNEA; en la Comisión de Recursos Naturales detuvimos la privatización de los parques nacionales que impulsaba María Julia Alsogaray; en la Constituyente de Santa Fe fui vicepresidente de la Comisión de Nuevos Derechos que redactó el artículo 41 de protección ambiental, pero no juré la Constitución: legitimaba el modelo neoliberal y establecía la provincialización de los recursos del subsuelo (art 124). Las primeras leyes mineras se votaron en 1993, antes de que yo asumiera como diputado. La más importante fue la de Inversiones Mineras Nº 24.196/93, que fijó el marco general de las demás y sigue siendo uno de los mayores ejemplos de la voluntad antinacional de Menem y José Luis Gioja: las mineras gozan de estabilidad fiscal por 30 años; están exentas del pago de cualquier tipo de impuesto nacional, provincial y municipal, al cheque y al gasoil; deducen de ganancias todas sus inversiones e importan libremente insumos y bienes de capital. Como la tasa de ingresos no les resultaba suficiente, Jose Luis Gioja impulsó la ley Nº 25.161/99, a fin de deducir del 3 por ciento de regalías todos los costos operativos a partir de la boca de mina: molienda, refinación, transporte y seguro hasta puerto de destino y así las provincias comenzaron a recibir un mísero 1 al 1,5 por ciento.
Sin control público alguno y a simple declaración jurada, los megayacimientos exportan sumas millonarias: Alumbrera produce al año 700.000 onzas de oro y 190.000 toneladas de cobre que a valores de hoy son u$s 2000 millones aproximadamente; el complejo Veladero-Pascua Lama producirá aún más. Lo que les cuesta contestar a los Gioja es ¿por qué con tanta riqueza las provincias mineras –igual que las petroleras– siguen en la pobreza y están con déficit fiscales que las obligan a endeudarse? Recordemos que la minería es el único sector de la producción que exporta sin obligación de ingresar al país las divisas de sus ventas y son premiadas con reintegros del Estado que van del 2,5 al 7,5 por ciento de sus exportaciones. El método es más eficaz que el viejo colonialismo de Potosí porque ahora les pagamos para que se lleven todo. ¿Hasta cuándo los argentinos vamos a tolerar tanto despojo?
A tres décadas de la dictadura y a una del gobierno Menem, muchas de sus leyes siguen vigentes:, la de Entidades Financieras (Martínez de Hoz, Nº 21.526/77), la Reforma del Estado (Nº 23.696/89); Provincialización y Privatización de los Hidrocarburos (Nº 24.145/91); Leyes Mineras de Gioja y tratado de Complementación Minera Argentino-Chileno (29/12/97). Este último es un caso inédito en la historia contemporánea: crea un tercer territorio a lo largo de la cordillera de los Andes y en la zona fronteriza de 100 km de ancho, donde las corporaciones gozan de soberanía, aduana y aeropuertos propios. Es allí donde está una de las mayores reservas de agua potable del continente amenazada por la acción de la megaminería. El reciente veto de la Presidenta a la Ley de los Glaciares que impulsara la Barrick Gold con los hermanos Gioja es un ejemplo de la irresponsable sumisión de la Nación al dictamen de las transnacionales. Es imperioso acabar con el modelo de saqueo y corrupción que nos dejaron. Los legisladores debemos asumir el compromiso patriótico –como acto de reparación al pueblo– de impulsar desde el Congreso varias medidas: prohibir la minería a cielo abierto con sustancias tóxicas, investigar la contaminación que produce la megaminería y exigir la denuncia del Tratado Minero Argentino-Chileno.
Bajo el lema “el agua vale más que el oro”, la histórica movilización de las poblaciones y asambleas ciudadanas de siete provincias abrió el camino al lograr que sus legislaturas prohibieran la minería a cielo abierto con sustancias tóxicas. El dominio impune de la Barrick, Bajo de la Alumbrera, junto al de los Gioja, Beder Herrera y Brizuela del Moral comenzó su cuenta regresiva.
* Diputado por la Capital. Proyecto Sur.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-136199-2009-11-30.html
SACERDOTES DE ARGENTINA Y CHILE RECLAMAN POR LA DEPREDACION AMBIENTAL EN LA REGION
Por Washington Uranga
La declaración se titula “Clamor de la Patagonia” y está producida en forma de carta al secretario general de Naciones Unidas, solicitando que el tema del agua sea incluido en la agenda de la cumbre del máximo organismo internacional que se realizará en Copenhague del 7 al 18 de diciembre próximo. Al mismo tiempo los obispos católicos piden que las consideraciones sobre el agua tengan también “una importancia relevante en los tratados post-Kyoto (2012)”.
Los diez obispos hacen el llamado “conscientes de la enorme responsabilidad de las decisiones de las autoridades políticas (...) en relación con la paz social, el desarrollo de los pueblos, el presente y el futuro de la historia, el cambio climático, la energía, el medio ambiente y en especial del agua” y “agradecidos y gozosos de vivir en la Patagonia”, si bien “sensiblemente preocupados por las amenazas” que sufre esa región por “los proyectos mineros, hidroeléctricos, acuícolas, forestales y hasta de desechos nucleares, que herirían grave e irreversiblemente la naturaleza y la vida humana”. En sus consideraciones, las autoridades eclesiásticas señalan que el agua dulce es “un elemento vital y fuente de vida que no puede sustituirse” y “un don de Dios, como toda vida y fuente de vida (tierra, aire, agua, luz)”.
En la carta a Ban Ki-moon, los obispos afirman que el agua dulce es un derecho humano, patrimonio común de la humanidad, que por tanto “no puede ser privatizada” y menos aún mercantilizada, “porque es un elemento vital no sólo para la vida, sino también para las culturas, las religiones, la economía y la política”. Por todo lo anterior, agregan, “debe ser motivo de solidaridad, justicia y equidad entre los pueblos”.
Los firmantes denuncian que las reservas de agua dulce “sufren una grave crisis en todo el planeta, limitando la producción de elementos, aumentando enfermedades y la atroz muerte de miles de niños, provocando una creciente pobreza por mal uso, contaminación, falta de agua potable, mercantilización (frecuentemente de monopolios), uso exagerado en sectores consumistas”.
Advierten también que el agua es “fuente ya de importantes conflictos en muchos países y entre países en todo el planeta, poniendo en serio riesgo la paz social” y es “motivo de responsabilidad humana, ética, moral y política de los líderes mundiales para la actual y para las futuras generaciones”. A la hora de las propuestas solicitan que “se viabilice en tiempos relativamente breves un plan mundial del agua” y que “se promuevan en todos los países la gestión del agua con participación del sector público, del sector privado y de las comunidades y organismos locales”, subrayando que deben considerarse a las cuencas hidrográficas, los glaciares y las aguas subterráneas como “bienes comunes”. Al mismo tiempo se pide que “la ONU coopere en impulsar y promover una más incisiva cultura de la vida y de la austeridad con los bienes, sobre todo donde la cultura consumista es más depredadora”.
Los obispos de la zona más austral del continente americano se comprometen ellos mismos a colaborar en la toma de conciencia “para que el agua no llegue a ser el símbolo y el medio de nuevas colonizaciones y esclavitudes del siglo XXI”. En su carta dicen que “estos clamores y propuestas las confiamos a su consideración para que cada cual asuma las responsabilidades que le corresponden, frente al juicio de la vida y de la historia”. Firman los obispos chilenos Luis Infanti de la Mora (Aysén) y Bernardo Bastres Florence (Punta Arenas), y los argentinos Marcelo Melani (Neuquén), Néstor Navarro (Alto Valle), José Pozzi (emérito del Alto Valle), Esteban Laxague (Viedma), Fernando Maletti (Bariloche), José Slaby (Esquel), Virginio Bressanelli (Comodoro) y Juan Carlos Romanín (Río Gallegos).
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-135050-2009-11-11.html
En un documento inusual para la Iglesia Católica, el obispo de Comodoro Rivadavia, Virginio Bressanelli, advirtió sobre las explotaciones que afectan “bienes esenciales de la vida humana”. Pidió cambiar la ley y proteger a las comunidades.
La Iglesia Católica de Comodoro Rivadavia expuso también su preocupación por “una minería que afectará los derechos de las comunidades aborígenes alterando su hábitat, poniendo en riesgo la base de su subsistencia centrada en la ganadería ovina y caprina, agrediendo su cultura que se caracteriza por el respeto a la naturaleza y el amor a la madre tierra como fuente de alimento, casa común y altar del compartir humano”. Se señala además “el escaso beneficio económico que la actividad minera” aporta al Estado, mientras “despoja de bienes naturales no renovables que se ceden como materia primera y que luego se compran industrializados”. La denuncia establece también que las obras de carácter social que realizan las empresas explotadoras “constituyen sólo una mínima devolución de lo mucho que se llevan, sin una mayor significación humanitaria”.
El obispo Bressanelli pone el acento en la “falta de información completa, sin recortes y desde una óptica integral” que le dé elementos de juicio a la población y la “falta de un debate público que implique a funcionarios y legisladores” frente al riesgo de que “alguien pueda creer o pensar que este tipo de emprendimientos sean la salvación para las poblaciones del interior” del país.
Otras propuestas apuntan a la revisión y reformulación de la legislación minera, la puesta en marcha de un red de monitoreo ambiental, el cuidado de los modos de vida de las comunidades indígenas y la formalización del principio del “agua como derecho de todo ciudadano”, siendo “inflexibles en asegurar la protección del ambiente para cualquier actividad minera posible en todas las etapas del proceso extractivo” implicando en todas estas actividades a la población.
http://www.pagina12.com.ar/diario/escrito/22-130514-2009-08-24.html
Tras siglos de expoliación, la escasez de los yacimientos subterráneos ha propiciado nuevos modos de extracción, entre ellos el denominado “a cielo abierto”, dirigido a recolectar mineral ya no concentrado en un cantón sino diseminado en grandes extensiones. Su metodología consiste en, primero, producir enormes voladuras de montañas y, luego, mediante una sopa de sustancias químicas, separar los metales de la roca y el mineral, con consecuencias aún mayores que en la minería tradicional sobre el medio ambiente. Ese modo de explotación a gran escala se ha impuesto contemporáneamente en América latina, como parte de un modelo extractivo-exportador más amplio.
En Argentina, “la expansión y el control de la nueva megaminería a cielo abierto es potestad exclusiva de las grandes empresas transnacionales, gracias al marco regulatorio sancionado en los ’90 y confirmado por las sucesivas gestiones”, explican Maristella Svampa y Mirta Antonelli en Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales. En consonancia con esas empresas, los Estados nacional y provinciales han asumido –en el país y en la región– “una narrativa desarrollista, en busca de la legitimación social del modelo y en nombre de una responsabilidad social, que oculta de manera sistemática los graves impactos sociales y ambientales de estos emprendimientos”. Los artículos que compilan Svampa y Antonelli en este libro analizan el fenómeno desde una doble perspectiva. Por un lado, ofrecen un análisis de aspectos simbólicos involucrados: la construcción del discurso hegemónico acerca de la minería en relación con nuevas estrategias de dominación y expropiación; “la fabricación del crédito social” a partir del rol de un conglomerado que abarca instituciones estatales, corporaciones privadas, universidades, medios de comunicación. Por otro lado, dan cuenta de las numerosas formas asumidas en Argentina por la lucha social contra este proceso. En ambos casos, con un mismo propósito, alimentar “una verdadera discusión pública y académica” sobre un modelo de desarrollo que se está imponiendo sin debate y, más profundamente, “sobre las complejas dimensiones, los múltiples niveles y sentidos que hoy recubren el término desarrollo”.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/120327-38366-2009-02-21.html
Los vecinos autoconvocados de Chilecito y Famatina no ignoraban que su acción se insertaba en un campo asimétrico, dado los grandes intereses económicos y políticos en juego. Sin embargo, la crisis política provincial abierta en 2007, asociada a una feroz interna peronista, abrió el espacio a nuevas oportunidades políticas, dando visibilidad a estas demandas. El escándalo hizo públicas las vinculaciones entre el entonces gobernador Maza, la Barrick Gold y la antigua empresa pública Yamiri, rebautizada como sociedad anónima, Yamiri Gold and Energy Inc. En los ’90, los derechos de explotación de siete proyectos mineros importantes de La Rioja habrían sido transferidos gratuitamente a la sociedad anónima con sede en Canadá, donde reside la Barrick, que más tarde se convertiría en su principal socia.
La crisis institucional terminó eyectando a Maza de la gobernación, sustituido por el vicegobernador, Luis Beder Herrera, quien se apropió de modo oportunista del discurso ambientalista y sancionó poco después una ley de prohibición de la minería a cielo abierto con cianuro. Pero una vez consolidado por la vía electoral, el flamante gobernador derogó la ley que prohibía la megaminería, y aquella que llamaba a una consulta popular por el tema, un reclamo ineludible de la comunidad movilizada.
El escandaloso hecho de la derogación de la ley antiminera, ocurrido en julio de 2008, tuvo varios corolarios; por un lado, el nombramiento del presidente de la Cámara Empresarial de Minería como nuevo secretario de Minería provincial; por el otro, el silenciamiento de docentes y periodistas que se oponen a este tipo de minería. El último y más reciente es la apuesta por la represión abierta, dada la resistencia de los vecinos, que hoy encuentran el apoyo de otras asambleas, surgidas en La Rioja capital y Sanagasta.
Pocos argentinos están al tanto de que la megaminería a cielo abierto involucra directa o indirectamente a 15 provincias argentinas. Pocos saben acerca de las características de la nueva minería y de sus gravosas consecuencias en términos sociales, económicos y ambientales, ya puestos de manifiesto por el caso de La Alumbrera, en Catamarca. Pocos están al tanto de las estrategias llevadas a cabo por gobiernos provinciales y empresas transnacionales, con el aval del Estado nacional, que incluyen convenios con universidades públicas, en busca de una “legitimidad social” que les es negada por las propias comunidades afectadas. Así, la renuencia sistemática a abrir un debate público sobre el modelo minero, por parte de sectores políticos y empresariales, nos plantea preocupantes interrogantes sobre la cuestión de la democracia en Argentina. ¿Habrá que esperar que distintos gobiernos provinciales, como en La Rioja, apelen a la salida represiva para finalmente colocar en la agenda pública esta problemática central de nuestra sociedad?
* Socióloga.
18 de Abil de 2007
Breve recorrido por los 17 emprendimientos más controvertidos de ArgentinaArgentina - 17/04/07. "El oro sólo sirve para incrementar las ganancias de los países más ricos del mundo", explican las decenas de pueblos que luchan contra los megaemprendimientos mineros y afirman que "El oro es un lujo inútil. Y sin agua no hay vida".
Fuente: La Página de TucumánPulsar para leer en www.noalamina.org :
Por los cuestionamientos al Informe Ambiental, Agua Rica funcionó a paso lento. Era imprescindible esa aprobación para comenzar la construcción. El 17 de marzo de 2009, la compañía anunció que echaría personal, se declaró en “stand by” y dejó trascender la noticia de que, de no obtener vía libre en breve, se retiraría del emprendimiento. Dos días después, la Secretaría de Minería de Catamarca aprobó el cuestionado Informe de Impacto Ambiental y autorizó el avance minero.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-142756-2010-03-27.html
ASAMBLEAS DE TODO EL PAIS SE REUNEN EN ESQUEL CONTRA LA MEGAMINERIA
Por Darío Aranda
Desde Esquel, Chubut
La Asamblea de Esquel fue un freno en el avance de las empresas mineras y un paso adelante en la organización de comunidades que cuestionan la extracción de recursos naturales. En marzo de 2003, mediante un plebiscito en la ciudad, allí se determinó que el 81 por ciento de la población rechazaba la instalación de un yacimiento a cielo abierto frente a la ciudad. A siete años de aquella votación, medio centenar de organizaciones de una decena de provincias se congregan en el XII Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), espacio de articulación nacional donde confluyen los pueblos que luchan contra la megaminería, las comunidades (rurales y urbanas) que padecen las pasteras y las fumigaciones y las organizaciones que denuncian la contaminación urbano-industrial. La judicialización de la protesta, la represión a los asambleístas y la avanzada empresarial sobre la forma de vida ancestral de los poblados son algunos de los ejes de tres días de trabajo colectivo. Las UAC son un espacio inédito, diverso y autónomo, donde se debaten buena parte de las estrategias y luchas que se desarrollan en el país contra las industrias extractivas.Desde el jueves y hasta ayer a última hora, durante todo el día, llegaron hasta la Escuela 713 representantes de las más diversas edades y perfiles. Maestras, amas de casa, empleados administrativos, cooperativistas, indígenas, desocupados, profesionales varios, abogados, jubilados, militantes.
“Sean todos bienvenidos a Esquel, un pueblo con dignidad”, fue la frase que abrió la XII UAC. El patio de la escuela anfitriona estaba tapizado con banderas de consignas explícitas. “Contra el saqueo y la contaminación.” “Los glaciares no se tocan.” “Sí a la vida, no a las papeleras.” “No a la criminalización de la protesta.” Y, por múltiples lugares, la clásica frase: “No a la mina”. Los asambleístas de Gualeguaychú (Entre Ríos) fueron de los primeros en tomar la palabra, agradecieron a los anfitriones y recordaron cuál fue el germen contra la pastera Botnia: “Para nosotros, en nuestra lucha contra las papeleras, Esquel fue la referencia a seguir en la lucha ambiental”.
Entre los objetivos del encuentro está profundizar acciones en las diferentes problemáticas socioambientales de cada región, su vinculación y comprender que todas están fundadas en un mismo modelo político y económico de desarrollo. El encuentro de las UAC consiste en trabajo en comisiones, puestas en común y plenarios de consensos. Cada comisión está integrada por una decena de personas que abarcan dos grandes ejes: agua y territorio y desarrollo y descolonización. Y al mismo tiempo están presentes los temas ya clásicos: minería, conflictos urbanos, legales y agrotóxicos. El domingo será el plenario final, de consensos y acciones hasta la próxima UAC.
En las jornadas de trabajo no estará ausente la situación de la ciudad de Andalgalá (Catamarca), que en febrero último sufrió una dura represión y, el último jueves, tres de sus integrantes fueron nuevamente detenidos por su militancia contra la instalación del megaproyecto Agua Rica. La criminalización y la represión de la protesta –que se repite, en distinta magnitud, en casi todas las comunidad movilizadas– también estarán presentes en cada grupo de trabajo y los plenarios.
“Minería a gran escala, agronegocios y pasteras forman parte de un mismo modelo extractivo y contaminante, fomentado por empresas y gobiernos”, es una de las certezas que guía el accionar de las UAC, que denuncian por igual el papel del sector privado y de los gobiernos (tanto nacional, como provinciales y municipales). También apunta al rol que desempeña la Justicia –procesando a quienes bloquean caminos– y a la policía, que “efectiviza con mano dura y garrote fácil” los cortes de ruta.
Un reclamo histórico de las UAC es, desde sus primeros encuentros, la derogación de leyes mineras, aprobadas durante el menemismo y sostenidas hasta la actualidad. Las empresas aprovechan a rajatabla el Código Minero Argentino, por el cual el Estado (nacional, provincial o municipal) tiene prohibido explotar por sí solo cualquier yacimiento (literalmente el propio Estado se prohíbe la explotación de sus minerales). Las compañías mineras no tienen retención a la exportación, no deben liquidar divisas (no ingresa el dinero de sus ventas al país, todo se dirige al exterior), no pagan impuestos a los combustibles (el que todos pagan cuando cargan nafta) ni tasas para la importación.
“Tiene legislación especial para ingresos brutos, patentes, sellos y habilitaciones”, explican desde Esquel. No pagan IVA ni impuestos por ingreso de maquinarias. Gozan de estabilidad fiscal por treinta años. Esto es: cualquier modificación –ejemplo: impuesto al cheque, que pagan todos los argentinos, o el corralito de 2001– no los afecta. “Existe toda una estructura jurídica que les garantiza a las compañías llevarse todo y dejar sólo contaminación, destrucción y saqueo”, explicaron.
La Unión de Asambleas Ciudadanas es desde hace cinco años un espacio novedoso de articulación de la lucha por los bienes naturales y la autodeterminación de las comunidades. Aunque sus acciones tienen directa relación con el medio ambiente, están lejos de ser espacios simplemente ecologistas, sino que entienden la contaminación como resultante de modelos extractivos continentales, con profundas raíces políticas y económicas y con impactos negativos directos en la salud, el trabajo y la vida de las comunidades.
Para frenar la contaminación
Durante tres días, asambleas ciudadanas de las distintas provincias se reúnen en Chubut para articular acciones contra las actividades extractivas. El objetivo es alertar sobre los efectos de la megaminería, las pasteras y las fumigaciones.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-140504-2010-02-18.html
Cierre de una mina
Después de la brutal represión policial contra vecinos de Andalgalá, Chaquiago y El Potrero, un juez de Minas de Catamarca resolvió “hasta nuevo aviso” la suspensión total de las actividades que llevaba adelante la empresa minera Agua Rica, tres veces más grande que la cercana La Alumbrera. Ayer, las agrupaciones No a la Minería catamarqueñas sostuvieron que la interrupción del proyecto es sólo por un tiempo y la única forma de revertir la situación es prohibir a nivel provincial e incluso nacional los megaminería a cielo abierto.
“Hace doce años era La Alumbrera, ahora es Agua Rica y dentro de poco la contaminación va a llegar a Buenos Aires. Es sólo una cuestión de tiempo”, advirtió a Página/12 Daniela Fernández. La mujer tiene 25 años, dos hijos y casi una década de experiencia en la lucha contra la minería a cielo abierto en el departamento catamarqueño de Andalgalá. Y dijo haber visto el lunes pasado, “por primera vez, al pueblo unido y furioso contra una multinacional que no respeta nuestras tierras, nuestra agua, ni nuestras leyes”. Porque ese día y pese a lo que establece el Código de Minería, los camiones con maquinarias para el yacimiento Agua Rica atravesaron caminos comunales en el medio de la noche.Hacía dos meses que un grupo de vecinos de Chaquiago, El Potrero y Andalgalá mantenían una asamblea permanente cerca de Agua Rica, en unos “terrenos cedidos por un hombre, que también está en contra de este tipo de megaemprendimientos”, contó Fernández, pero aclaró: “No era un corte de ruta, sólo una protesta de algunos antropólogos, arqueólogos, docentes y muchas familias bajo un algarrobo”. Sin embargo, el viernes la policía cercó el lugar y, el lunes a la tarde, el grupo especial Kuntur –fuerza de choque antimotines– y efectivos de Gendarmería, con perros y equipo para reprimir, intentaron disuadir a los manifestantes para que los vehículos mineros de Agua Rica pudieran atravesar un viejo camino vecinal hasta el yacimiento.
La madre de Fernández (Graciela, de 50 años), un anciano de 85 y ocho mujeres más armaron la primera cuadrilla y se sentaron sobre el camino para impedir el ingreso de los camiones. “La idea era no provocar y ser pacíficos, pero cuando la policía agarró de los pelos a mi vieja y la metió a la fuerza en una camioneta, les empecé a gritar que me mostraran la orden de desalojo y, entonces, me golpearon y me llevaron a mí también y a dos chicas que estaban filmando toda la represión”, contó a Página/12 Fernández.
Fernández y otros veinte manifestantes fueron llevados a la comisaría de Andalgalá, mientras que el resto de la familia (la madre, la hermana y el hermano de Fernández) y cincuenta personas más fueron encerradas en la seccional de Chaquiago. Según la asambleísta, “los vecinos empezaron a llegar a la plaza (de Andalgalá, frente a la comisaría) y con cacerolas y botellas pedían que nos liberaran”. “Al ratito empezaron a tirar gases lacrimógenos y balas de goma otra vez, y dentro de la seccional nos tuvimos que tirar al suelo”, contó.
Cerca de las 22.30, la mujer fue liberada y unas 10 mil personas, “la mitad de los habitantes del pueblo, como protesta empezaron a tirar piedras en los negocios proveedores de la minera y en el edificio de la municipalidad”, admitió Fernández. La pueblada concluyó a las 4 y, al mediodía, el juez de Minas Guillermo Raúl Cerda notificó al apoderado de la empresa Agua Rica, el “cese de actividades hasta nuevo aviso”, con la intención de poner fin al conflicto social en la zona.
Ayer, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, exigió al gobierno de Catamarca “la inmediata suspensión de las medidas tomadas contra el pueblo de Andalgalá y al gobierno nacional que asuma la decisión política de una ley de minería que contemple la responsabilidad y protección del medio ambiente y el derecho del pueblo”.
Informe: Mariana Seghezzo.
miércoles 27 de enero de 2010
"PRESENTAN AMPARO JUDICIAL CONTRA MINERA AGUA RICA EN CATAMARCA"Los Vecinos Autoconvocados por la Vida, de la localidad de Andalgalá, Provincia de Catamarca, Argentina, presentaron una acción de amparo reclamando a la Justicia la “prohibición de innovar“ y oportunamente la “cesación definitiva” del emprendimiento de megaminería de Agua Rica, por afectar sus derechos a la vida, la salud, la integridad física, la propiedad, la identidad cultural y a gozar de un ambiente sano y equilibrado, entre otros derechos protegidos por la Constitución argentina y por los tratados internacionales.
La demanda de 43 fojas, patrocinada por el abogado de derechos humanos Javier Garin –quien es además Vicepresidente del Foro Nacional de Derechos Humanos y Acción Humanitaria- fue presentada el 19 de enero de 2010 por ante el Juzgado de Control de Garantías de turno de la ciudad de Andalgalá, con la firma de numerosos vecinos, quienes se agolparon frente al Juzgado para manifestar públicamente su reclamo.
La acción judicial corona una serie de intensas acciones públicas por parte de los vecinos andalgalenses, quienes desde hace años intentan evitar la instalación de una megamina a cielo abierto en la zona de Agua Rica, en el nevado de Aconquija, a 3.200 metros sobre el nivel del mar y a 17 km de Andalgalá. Previamente, el pasado 15 de enero, realizaron una marcha que contó con cerca de 3.000 concurrentes en una ciudad de 17.000 habitantes.
“Pedimos la cesación definitiva de este emprendimiento –explicó el abogado Garin- porque se trata de una mina tres veces más grande que Bajo La Alumbrera que impactará negativamente sobre el Nevado del Aconquija, declarado Santuario de la Naturaleza, afectando gravemente el medio ambiente, la salud y la existencia misma de la población de Andalgalá. Detonará toneladas de explosivos diarios, contaminando el aire, y utilizará cantidades masivas de agua en una zona árida que la necesita para la vida cotidiana de la gente y para el riego de los cultivos tradicionales. Afectará las aguas del subsuelo en el Campo del Arenal, que son aguas fósiles de diez mil años de edad y que tardarán siglos en reponerse. Además contaminará las aguas superficiales en la cuenca del río Andalgalá de que depende la población. Destruirá el entorno ambiental y el patrimonio arqueológico de la zona. Y por si esto fuera poco, hay estudios geológicos que indican que las características del proyecto aumentan los riesgos de aludes, desmoronamientos, inundaciones y otros fenómenos catastróficos en perjuicio de la ciudad de Andalgalá que se encuentra a los pies de la futura mina”•
Garin explicó que “la titular del proyecto es MINERA AGUA RICA LLC propiedad de YAMANA GOLD INC, empresa creada con la fusión de varias multinacionales mineras, las que vienen a hacer en Argentina lo que no les permiten en sus países de origen: contaminar y envenenar. Vuelan montañas enteras y las reducen a escombros, y luego separan los metales usando “sopas” tóxicas que dejan desechos en el ambiente, con lo cual se llevan del país hasta sesenta minerales distintos, sin valor agregado, en crudo, algunos de ellos estratégicos, por un cánon irrisorio. Para colmo, reciben del Estado toda clase de facilidades, exenciones impositivas, subsidios y reintegros, todo para llevarse nuestros recursos naturales al extranjero dejando tras de sí tierra arrasada, con irreversibles pasivos ambientales.. La megaminería a cielo abierto es reconocida en todo el mundo como una de las actividades más contaminantes, una especie de nuevo coloniaje.”
El abogado de derechos humanos agregó que “los catamarqueños ya saben como es esto, porque hace doce años les dijeron que la mina Bajo la Alumbrera les iba a llevar prosperidad y desarrollo, y la verdad es que ni siquiera tomó obreros de la zona, pues en su mayor parte vienen de otras regiones. Tenemos evidencia de que la megaminería ha implicado una anormalmente alta incidencia de patologías como cáncer, enfemedades, respiratorias, degenerativas y malformaciones, como informan médicos del Hospital de Andalgalá”
La demanda, dirigida contra la minera Agua Rica, la Secretaría de Minería, la Municipalidad de Andalgalá y la Provincia de Catamarca, cita en su apoyo los Análisis del Informe de Impacto Ambiental elaborados por técnicos de la Universidad Nacional del Tucumán –sumamente críticos con el proyecto-, así como de geólogos y otros especialistas que señalan los riesgos de derrumbe, inundaciones y contaminación de acuíferos. Asimismo cita una carta de apoyo a los vecinos del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, donde se denuncian los daños ambientales del proyecto, así como expresiones públicas de funcionarios y legisladores catamarqueños que han manifestado su preocupación.
Fuente: medioymedio.com
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-137921-2010-01-02.html
Menemismo: megaminería y contaminación
Por Fernando “Pino” Solanas *Las denuncias sobre la megaminería y la Barrick Gold que expone mi película Tierra sublevada/Oro impuro desataron la ira del gobernador de San Juan que, ante cada presentación del film en las provincias, mandó sus camionetas con sus involucrados intentando ensuciar los estrenos, pero siempre recibieron el repudio de los asistentes. José Luis Gioja me retó a un debate público en televisión, pero dos veces faltó a la cita y envió a su hermano –el senador César Gioja– que, con abierta desfachatez y cinismo, negó mis denuncias sobre la devastación ambiental y el saqueo que está produciendo la explotación que ellos defienden. Desde sus medios sanjuaninos, el gobernador minero lanzó una campaña queriendo demostrar que yo estaba contra la minería y, siendo diputado en los años ’90, había votado las leyes mineras que él impulsara. Pero fui un consecuente opositor a todas ellas, con la única excepción de haber aprobado en la Comisión de Recursos Naturales el anteproyecto de Protección Ambiental Minera (Nº 24.585/95 e introducida al Código de Minería). Ninguno imaginaba los estragos que produciría la megaminería y no se había puesto en marcha ninguno de sus yacimientos. Meses después, me opuse y no lo voté en el recinto cuando se lo convirtió en ley.
Vale la pena recordar las trayectorias: al comienzo de los ’90, los hermanos Gioja eran operadores de Menem y agentes de la Barrick Gold, con la misión de facilitar el desembarco de la megaminería en la Argentina y poder asociarse comercialmente a ella. Eran los tiempos en que yo denunciaba a Menem como jefe de una banda de delincuentes que estaba rematando el patrimonio, Y.P.F. y los recursos, mientras sus “compañeros” me perseguían con juicios y amenazas y me agredían con seis tiros en mis piernas. Se vivía la derrota y el festín de las privatizaciones: “el país está de rodillas” –justificaba el ministro Dromi, “robo para la Corona”, advertía J. L. Manzano–, mientras se oía decir en el Congreso que los portafolios con dólares se distribuían en los despachos. El proyecto minero era financiado por el Banco Mundial como en otros 70 países con grandes reservas metalíferas. El entonces diputado José Luis Gioja era uno de los más leales levantamanos de Menem, que votó todas las leyes privatizadoras del modelo y lo instaló en la presidencia de la Comisión de Minería de Diputados para impulsar el paquete de leyes que le dictaban las corporaciones. César Gioja fue la cabeza visible de Santa Gema Bentonita, la empresa familiar que fundaron para abastecer a la Barrick Gold.Yo ingresé a la Cámara de Diputados el 10/12/93 y ejercí mi mandato hasta el 10/12/97. Desde la Comisión de Energía encabecé el movimiento que impidió la privatización de Yacyretá, Salto Grande y la CNEA; en la Comisión de Recursos Naturales detuvimos la privatización de los parques nacionales que impulsaba María Julia Alsogaray; en la Constituyente de Santa Fe fui vicepresidente de la Comisión de Nuevos Derechos que redactó el artículo 41 de protección ambiental, pero no juré la Constitución: legitimaba el modelo neoliberal y establecía la provincialización de los recursos del subsuelo (art 124). Las primeras leyes mineras se votaron en 1993, antes de que yo asumiera como diputado. La más importante fue la de Inversiones Mineras Nº 24.196/93, que fijó el marco general de las demás y sigue siendo uno de los mayores ejemplos de la voluntad antinacional de Menem y José Luis Gioja: las mineras gozan de estabilidad fiscal por 30 años; están exentas del pago de cualquier tipo de impuesto nacional, provincial y municipal, al cheque y al gasoil; deducen de ganancias todas sus inversiones e importan libremente insumos y bienes de capital. Como la tasa de ingresos no les resultaba suficiente, Jose Luis Gioja impulsó la ley Nº 25.161/99, a fin de deducir del 3 por ciento de regalías todos los costos operativos a partir de la boca de mina: molienda, refinación, transporte y seguro hasta puerto de destino y así las provincias comenzaron a recibir un mísero 1 al 1,5 por ciento.
Sin control público alguno y a simple declaración jurada, los megayacimientos exportan sumas millonarias: Alumbrera produce al año 700.000 onzas de oro y 190.000 toneladas de cobre que a valores de hoy son u$s 2000 millones aproximadamente; el complejo Veladero-Pascua Lama producirá aún más. Lo que les cuesta contestar a los Gioja es ¿por qué con tanta riqueza las provincias mineras –igual que las petroleras– siguen en la pobreza y están con déficit fiscales que las obligan a endeudarse? Recordemos que la minería es el único sector de la producción que exporta sin obligación de ingresar al país las divisas de sus ventas y son premiadas con reintegros del Estado que van del 2,5 al 7,5 por ciento de sus exportaciones. El método es más eficaz que el viejo colonialismo de Potosí porque ahora les pagamos para que se lleven todo. ¿Hasta cuándo los argentinos vamos a tolerar tanto despojo?
A tres décadas de la dictadura y a una del gobierno Menem, muchas de sus leyes siguen vigentes:, la de Entidades Financieras (Martínez de Hoz, Nº 21.526/77), la Reforma del Estado (Nº 23.696/89); Provincialización y Privatización de los Hidrocarburos (Nº 24.145/91); Leyes Mineras de Gioja y tratado de Complementación Minera Argentino-Chileno (29/12/97). Este último es un caso inédito en la historia contemporánea: crea un tercer territorio a lo largo de la cordillera de los Andes y en la zona fronteriza de 100 km de ancho, donde las corporaciones gozan de soberanía, aduana y aeropuertos propios. Es allí donde está una de las mayores reservas de agua potable del continente amenazada por la acción de la megaminería. El reciente veto de la Presidenta a la Ley de los Glaciares que impulsara la Barrick Gold con los hermanos Gioja es un ejemplo de la irresponsable sumisión de la Nación al dictamen de las transnacionales. Es imperioso acabar con el modelo de saqueo y corrupción que nos dejaron. Los legisladores debemos asumir el compromiso patriótico –como acto de reparación al pueblo– de impulsar desde el Congreso varias medidas: prohibir la minería a cielo abierto con sustancias tóxicas, investigar la contaminación que produce la megaminería y exigir la denuncia del Tratado Minero Argentino-Chileno.
Bajo el lema “el agua vale más que el oro”, la histórica movilización de las poblaciones y asambleas ciudadanas de siete provincias abrió el camino al lograr que sus legislaturas prohibieran la minería a cielo abierto con sustancias tóxicas. El dominio impune de la Barrick, Bajo de la Alumbrera, junto al de los Gioja, Beder Herrera y Brizuela del Moral comenzó su cuenta regresiva.
* Diputado por la Capital. Proyecto Sur.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-136199-2009-11-30.html
SACERDOTES DE ARGENTINA Y CHILE RECLAMAN POR LA DEPREDACION AMBIENTAL EN LA REGION
Clamor de obispos en la Patagonia
En coincidencia con la celebración del 25º aniversario del tratado que cerró el conflicto del Beagle, ocho obispos argentinos y dos chilenos elevaron un documento conjunto a la ONU para exigir la protección de los recursos naturales.
Por Washington Uranga
En una iniciativa que resulta poco común en el ámbito de la Iglesia Católica, los obispos de la Patagonia, de ambos lados de la frontera argentino-chilena, emitieron un documento conjunto dirigido al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en el que denuncian la “grave crisis” que se vive en todo el planeta respecto del uso irresponsable de los recursos acuíferos, se reclama un “plan mundial del agua”; se solicita que “las cuencas hidrográficas, los glaciares y las aguas subterráneas” sean declarados “bienes comunes” de la humanidad y, en consecuencia, se generen los mecanismos necesarios para su protección.
El documento, que aparece en forma coincidente con la celebración del 25º aniversario del Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile que cerró el conflicto del Beagle, mediante la mediación vaticana y motivo por el cual las presidentas de los dos países viajaron a Roma, está firmado por dos obispos chilenos y ocho argentinos. Entre los últimos se encuentra el titular de la diócesis de Comodoro Rivadavia, Virginio Bressanelli, quien hace pocas semanas dio a conocer otra declaración denunciando los estragos que la megaminería ocasiona en la provincia del Chubut.La declaración se titula “Clamor de la Patagonia” y está producida en forma de carta al secretario general de Naciones Unidas, solicitando que el tema del agua sea incluido en la agenda de la cumbre del máximo organismo internacional que se realizará en Copenhague del 7 al 18 de diciembre próximo. Al mismo tiempo los obispos católicos piden que las consideraciones sobre el agua tengan también “una importancia relevante en los tratados post-Kyoto (2012)”.
Los diez obispos hacen el llamado “conscientes de la enorme responsabilidad de las decisiones de las autoridades políticas (...) en relación con la paz social, el desarrollo de los pueblos, el presente y el futuro de la historia, el cambio climático, la energía, el medio ambiente y en especial del agua” y “agradecidos y gozosos de vivir en la Patagonia”, si bien “sensiblemente preocupados por las amenazas” que sufre esa región por “los proyectos mineros, hidroeléctricos, acuícolas, forestales y hasta de desechos nucleares, que herirían grave e irreversiblemente la naturaleza y la vida humana”. En sus consideraciones, las autoridades eclesiásticas señalan que el agua dulce es “un elemento vital y fuente de vida que no puede sustituirse” y “un don de Dios, como toda vida y fuente de vida (tierra, aire, agua, luz)”.
En la carta a Ban Ki-moon, los obispos afirman que el agua dulce es un derecho humano, patrimonio común de la humanidad, que por tanto “no puede ser privatizada” y menos aún mercantilizada, “porque es un elemento vital no sólo para la vida, sino también para las culturas, las religiones, la economía y la política”. Por todo lo anterior, agregan, “debe ser motivo de solidaridad, justicia y equidad entre los pueblos”.
Los firmantes denuncian que las reservas de agua dulce “sufren una grave crisis en todo el planeta, limitando la producción de elementos, aumentando enfermedades y la atroz muerte de miles de niños, provocando una creciente pobreza por mal uso, contaminación, falta de agua potable, mercantilización (frecuentemente de monopolios), uso exagerado en sectores consumistas”.
Advierten también que el agua es “fuente ya de importantes conflictos en muchos países y entre países en todo el planeta, poniendo en serio riesgo la paz social” y es “motivo de responsabilidad humana, ética, moral y política de los líderes mundiales para la actual y para las futuras generaciones”. A la hora de las propuestas solicitan que “se viabilice en tiempos relativamente breves un plan mundial del agua” y que “se promuevan en todos los países la gestión del agua con participación del sector público, del sector privado y de las comunidades y organismos locales”, subrayando que deben considerarse a las cuencas hidrográficas, los glaciares y las aguas subterráneas como “bienes comunes”. Al mismo tiempo se pide que “la ONU coopere en impulsar y promover una más incisiva cultura de la vida y de la austeridad con los bienes, sobre todo donde la cultura consumista es más depredadora”.
Los obispos de la zona más austral del continente americano se comprometen ellos mismos a colaborar en la toma de conciencia “para que el agua no llegue a ser el símbolo y el medio de nuevas colonizaciones y esclavitudes del siglo XXI”. En su carta dicen que “estos clamores y propuestas las confiamos a su consideración para que cada cual asuma las responsabilidades que le corresponden, frente al juicio de la vida y de la historia”. Firman los obispos chilenos Luis Infanti de la Mora (Aysén) y Bernardo Bastres Florence (Punta Arenas), y los argentinos Marcelo Melani (Neuquén), Néstor Navarro (Alto Valle), José Pozzi (emérito del Alto Valle), Esteban Laxague (Viedma), Fernando Maletti (Bariloche), José Slaby (Esquel), Virginio Bressanelli (Comodoro) y Juan Carlos Romanín (Río Gallegos).
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-135050-2009-11-11.html
Un obispo contra la minería
Por Washington UrangaEn un documento inusual para la Iglesia Católica, el obispo de Comodoro Rivadavia, Virginio Bressanelli, advirtió sobre las explotaciones que afectan “bienes esenciales de la vida humana”. Pidió cambiar la ley y proteger a las comunidades.
“Reflexiones sobre la megaminería” es el título del documento emitido por el obispo de Comodoro Rivadavia, Virginio Bressanelli, junto a sus comisiones de Pastoral Social y Pastoral Aborigen. Allí se denuncian los daños que genera la minería a cielo abierto en la provincia de Chubut, provocando “efectos devastadores de los bienes naturales como el agua, el suelo, el aire y la luz”. En la declaración dirigida a las autoridades y a la comunidad, el obispo dice que “no nos oponemos a la actividad minera en sí”, pero sí al tipo de explotaciones que afectan “bienes esenciales de la vida humana” a los que “tienen derecho cada persona y todas las generaciones tanto actuales como futuras”. Expresa además su preocupación por los “excesos” que “compañías mineras han cometido, en períodos recientes, especialmente en países pobres y/o en vías de desarrollo, dañando gravemente su biodiversidad y el equilibrio inscripto en la naturaleza, con la eliminación de bosques, la contaminación ambiental y la conversión de zonas explotadas en inmensos desiertos”.
Entre sus preocupaciones, el obispo Bressanelli y sus colaboradores citan la situación de “una minería en gran escala que precisa el uso indiscriminado de millones de litros de agua” y advierten que siendo el agua “un derecho básico y esencial, indispensable para el sostén de la vida” se está produciendo en la provincia del Chubut una merma importante de las reservas acuíferas. Se agrega a lo anterior la utilización de químicos tóxicos con la finalidad de obtener mayor rentabilidad con la consecuencia de dejar “un pasivo ambiental de larga vida por su efecto contaminante, con su impacto destructor sobre la salud humana y el resto de los seres vivos, que son indispensables para mantener las fábricas naturales de agua, de suelo y estabilidad ambiental”.La Iglesia Católica de Comodoro Rivadavia expuso también su preocupación por “una minería que afectará los derechos de las comunidades aborígenes alterando su hábitat, poniendo en riesgo la base de su subsistencia centrada en la ganadería ovina y caprina, agrediendo su cultura que se caracteriza por el respeto a la naturaleza y el amor a la madre tierra como fuente de alimento, casa común y altar del compartir humano”. Se señala además “el escaso beneficio económico que la actividad minera” aporta al Estado, mientras “despoja de bienes naturales no renovables que se ceden como materia primera y que luego se compran industrializados”. La denuncia establece también que las obras de carácter social que realizan las empresas explotadoras “constituyen sólo una mínima devolución de lo mucho que se llevan, sin una mayor significación humanitaria”.
El obispo Bressanelli pone el acento en la “falta de información completa, sin recortes y desde una óptica integral” que le dé elementos de juicio a la población y la “falta de un debate público que implique a funcionarios y legisladores” frente al riesgo de que “alguien pueda creer o pensar que este tipo de emprendimientos sean la salvación para las poblaciones del interior” del país.
Otras propuestas apuntan a la revisión y reformulación de la legislación minera, la puesta en marcha de un red de monitoreo ambiental, el cuidado de los modos de vida de las comunidades indígenas y la formalización del principio del “agua como derecho de todo ciudadano”, siendo “inflexibles en asegurar la protección del ambiente para cualquier actividad minera posible en todas las etapas del proceso extractivo” implicando en todas estas actividades a la población.
http://www.pagina12.com.ar/diario/escrito/22-130514-2009-08-24.html
Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales
Por Javier LorcaLa minería ha sido un principio seminal para el alumbramiento de la moderna civilización técnica, tal como lo ha sido para su más fecundo deudo, el capitalismo. Pero quizá lo ha sido menos por sus aportes a la acumulación de riqueza, la industria metalúrgica y la generación de energía que por su capacidad para instituir un régimen de actividad humana y su relación con la naturaleza. Desde sus fases primitivas, la minería proporcionó un modelo productivo definido por la extracción y la explotación de la tierra sin inversión ni devolución alguna. Y con un profundo desprecio por las condiciones del trabajo: en canteras subterráneas, en socavones sórdidos, oscuros y mal ventilados, los hombres –los esclavos– picaban, trituraban y explotaban la roca pagándolo con sus cuerpos –se sabe, la expectativa de vida del trabajador minero siempre ha estado entre las más bajas de toda industria—.
Históricamente, el arrasamiento inherente a la minería ha debido ser reconocido incluso por quienes estaban dispuestos a considerar que sus fines lo justificaban. Ya en el lejano siglo XVI, uno de los padres de la mineralogía, Georg Pawer, admitía en su canónico tratado De Re Metallica: “El argumento más fuerte de los detractores es que las operaciones mineras devastan los campos (...) También condenan que se corten los bosques y las arboledas porque se necesita una cantidad inacabable de madera para construcción, máquinas y fundición de metales. Y cuando se han derribado los montes y las arboledas, quedan exterminados animales y pájaros (...) Además, cuando se lavan los minerales, el agua que se ha utilizado contamina los arroyos y los ríos o destruye los peces o bien los hace huir. Por consiguiente, los habitantes de esas regiones, debido a la devastación de sus campos, sus bosques, sus arboledas, sus arroyos y sus ríos encuentran dificultad en conseguir lo necesario para la vida”.Tras siglos de expoliación, la escasez de los yacimientos subterráneos ha propiciado nuevos modos de extracción, entre ellos el denominado “a cielo abierto”, dirigido a recolectar mineral ya no concentrado en un cantón sino diseminado en grandes extensiones. Su metodología consiste en, primero, producir enormes voladuras de montañas y, luego, mediante una sopa de sustancias químicas, separar los metales de la roca y el mineral, con consecuencias aún mayores que en la minería tradicional sobre el medio ambiente. Ese modo de explotación a gran escala se ha impuesto contemporáneamente en América latina, como parte de un modelo extractivo-exportador más amplio.
En Argentina, “la expansión y el control de la nueva megaminería a cielo abierto es potestad exclusiva de las grandes empresas transnacionales, gracias al marco regulatorio sancionado en los ’90 y confirmado por las sucesivas gestiones”, explican Maristella Svampa y Mirta Antonelli en Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales. En consonancia con esas empresas, los Estados nacional y provinciales han asumido –en el país y en la región– “una narrativa desarrollista, en busca de la legitimación social del modelo y en nombre de una responsabilidad social, que oculta de manera sistemática los graves impactos sociales y ambientales de estos emprendimientos”. Los artículos que compilan Svampa y Antonelli en este libro analizan el fenómeno desde una doble perspectiva. Por un lado, ofrecen un análisis de aspectos simbólicos involucrados: la construcción del discurso hegemónico acerca de la minería en relación con nuevas estrategias de dominación y expropiación; “la fabricación del crédito social” a partir del rol de un conglomerado que abarca instituciones estatales, corporaciones privadas, universidades, medios de comunicación. Por otro lado, dan cuenta de las numerosas formas asumidas en Argentina por la lucha social contra este proceso. En ambos casos, con un mismo propósito, alimentar “una verdadera discusión pública y académica” sobre un modelo de desarrollo que se está imponiendo sin debate y, más profundamente, “sobre las complejas dimensiones, los múltiples niveles y sentidos que hoy recubren el término desarrollo”.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/120327-38366-2009-02-21.html
El debate sobre el modelo minero
Por Maristella Svampa (Socióloga)Son numerosas las resistencias sociales que ha venido generando la minería transnacional, en diferentes localidades y provincias, erigidas hoy en verdaderos territorios de resistencia. Así, existen unas setenta asambleas contra la megaminería a cielo abierto, nucleadas en la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), entre las cuales se encuentran las emblemáticas asambleas de Chilecito y Famatina, en La Rioja, cuyos vecinos luchan desde 2006 contra la instalación de una minera, a cargo de la transnacional Barrick Gold, en el antiguo distrito minero La Mexicana, y mantienen desde 2007 un corte de acceso al campamento de la empresa.
La historia reciente de la cuestión minera en La Rioja está atravesada por grandes escándalos de corrupción y violación de procesos ciudadanos. Junto con Catamarca y San Juan, La Rioja forma parte del núcleo duro del modelo minero. El ex gobernador Maza fue secretario de minería de Menem, en los ’90, cuando se dictaron las actuales leyes mineras, que favorecen al capital transnacional y la depredación ambiental.Los vecinos autoconvocados de Chilecito y Famatina no ignoraban que su acción se insertaba en un campo asimétrico, dado los grandes intereses económicos y políticos en juego. Sin embargo, la crisis política provincial abierta en 2007, asociada a una feroz interna peronista, abrió el espacio a nuevas oportunidades políticas, dando visibilidad a estas demandas. El escándalo hizo públicas las vinculaciones entre el entonces gobernador Maza, la Barrick Gold y la antigua empresa pública Yamiri, rebautizada como sociedad anónima, Yamiri Gold and Energy Inc. En los ’90, los derechos de explotación de siete proyectos mineros importantes de La Rioja habrían sido transferidos gratuitamente a la sociedad anónima con sede en Canadá, donde reside la Barrick, que más tarde se convertiría en su principal socia.
La crisis institucional terminó eyectando a Maza de la gobernación, sustituido por el vicegobernador, Luis Beder Herrera, quien se apropió de modo oportunista del discurso ambientalista y sancionó poco después una ley de prohibición de la minería a cielo abierto con cianuro. Pero una vez consolidado por la vía electoral, el flamante gobernador derogó la ley que prohibía la megaminería, y aquella que llamaba a una consulta popular por el tema, un reclamo ineludible de la comunidad movilizada.
El escandaloso hecho de la derogación de la ley antiminera, ocurrido en julio de 2008, tuvo varios corolarios; por un lado, el nombramiento del presidente de la Cámara Empresarial de Minería como nuevo secretario de Minería provincial; por el otro, el silenciamiento de docentes y periodistas que se oponen a este tipo de minería. El último y más reciente es la apuesta por la represión abierta, dada la resistencia de los vecinos, que hoy encuentran el apoyo de otras asambleas, surgidas en La Rioja capital y Sanagasta.
Pocos argentinos están al tanto de que la megaminería a cielo abierto involucra directa o indirectamente a 15 provincias argentinas. Pocos saben acerca de las características de la nueva minería y de sus gravosas consecuencias en términos sociales, económicos y ambientales, ya puestos de manifiesto por el caso de La Alumbrera, en Catamarca. Pocos están al tanto de las estrategias llevadas a cabo por gobiernos provinciales y empresas transnacionales, con el aval del Estado nacional, que incluyen convenios con universidades públicas, en busca de una “legitimidad social” que les es negada por las propias comunidades afectadas. Así, la renuencia sistemática a abrir un debate público sobre el modelo minero, por parte de sectores políticos y empresariales, nos plantea preocupantes interrogantes sobre la cuestión de la democracia en Argentina. ¿Habrá que esperar que distintos gobiernos provinciales, como en La Rioja, apelen a la salida represiva para finalmente colocar en la agenda pública esta problemática central de nuestra sociedad?
* Socióloga.
18 de Abil de 2007
ARGENTINA ES LA NIÑA MIMADA DE LA INDUSTRIA MINERA MUNDIAL, 17 EMPRENDIMIENTOS
Breve recorrido por los 17 emprendimientos más controvertidos de ArgentinaArgentina - 17/04/07. "El oro sólo sirve para incrementar las ganancias de los países más ricos del mundo", explican las decenas de pueblos que luchan contra los megaemprendimientos mineros y afirman que "El oro es un lujo inútil. Y sin agua no hay vida".
Fuente: La Página de TucumánPulsar para leer en www.noalamina.org :
Los estatutos del saqueo minero en Argentijna: beneficios fiscales, aduaneros y arancelarios y también Un tercer país entre Argentina y Chile: la nación minera
La advertencia no es casual:
Argentina es la niña mimada de la industria minera mundial. Empresas de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia, Suiza, Sudáfrica y Japón impulsan una veintena de emprendimientos, en diferentes grados de desarrollo, a lo largo de los cinco mil kilómetros de cordillera. Montañas y ríos, desde Jujuy hasta Santa Cruz pasando por la hiperminera San Juan, corren peligro por la ambición de metales preciosos, donde -claro está- la alianza matrimonial es sólo una anécdota. "El oro no es un elemento vital para la vida. Sólo sirve para incrementar las ganancias y la especulación de los países más ricos del mundo", explican las decenas de pueblos que luchan contra los megaemprendimientos mineros.Solo una mina de oro, Minera la Alumbrera (ubicada en Andalgalá, Catamarca), exporta por año 23 mil toneladas de concentrados de oro. Los nuevos yacimientos son hasta tres veces más grandes, consumen mucha más agua y dinamitan muchas más montañas. Utilizan el sistema de extracción llamado "a cielo abierto": ya no más la minería de galerías, con picos y mineros. Sí grandes explosiones de rocas, millones de litros de agua y sopas ácidas (muchas veces con una sustancia contaminante como el cianuro) producen un cóctel acusado de contaminar aire, suelo y agua.Todos los sectores sociales remarcan que la minería a gran escala atenta contra otras formas de desarrollo (agricultura, cría de animales, turismo), ya sea por la contaminación que produce o por el agua que utiliza y deja sin recursos a las otras cadenas productivas."La minería es una actividad meramente extractiva con múltiples consecuencias, tanto a escala económica como ecológica, social y cultural. Es un hecho comprobado que las regiones mineras del mundo son publicitadas inicialmente como regiones ricas y llenas de oportunidades, pero terminan siendo las más pobres", afirma un comunicado de Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Río Negro.Las grandes empresas de minería internacional, que escapan de sus países por rígidos controles ambientales e impositivos, señalaron a Latinoamérica como del destino de la década.Aquí, un breve recorrido por los emprendimientos metalíferos, proyectados o en ejecución, más polémicos de Argentina:
CATAMARCA
Minera la Alumbrera: Es el caso testigo de la minería metalífera a gran escala. Funciona desde hace doce años en Andalgalá, Catamarca. Se encuentra entre los diez grandes emprendimientos de cobre del mundo y entre los 15 de oro (exporta 190 mil toneladas anuales de concentrados de cobre y 23 mil toneladas de oro). Es la mina más grande de Argentina y está gerenciada por un consorcio de empresas: la suiza Xstrata y las canadienses Goldcorp y Northern Orion. Es una obra faraónica que remueve, por día, 340 toneladas de roca y utiliza, por minuto, 66 mil litros de agua. Factura por año 680 millones de dólares y nada de lo que prometió (y suelen prometer las empresas mineras) se cumplió: no hubo desarrollo local, no hubo más trabajo, y sí hubo casos de contaminación, tanto del suelo, del aire y el agua.
Agua rica: La canadiense Northern Orion comenzará en breve las obras de infraestructura de otro yacimiento, tres veces más grande que Alumbrera, a sólo 17 kilómetros del centro de Andalgalá, en la cima de las montañas ubicadas frente a la ciudad. Planea extraer oro, plata, cobre y molibdeno. "El desarrollo de Agua Rica es técnicamente factible, y podría ser desarrollado como un yacimiento de bajo costo y de larga vida útil", reconoce la carta de presentación de la misma empresa. Planea procesar, por día, 70.000 toneladas de roca, con una vida de 30 años. Los vecinos autoconvocados remarcan que de esa montaña nacen los tres ríos --el Blanco, Candado y el Minas--, que alimentan de agua a toda la región: casi un cuarto de la provincia. Todos reconocen que ese será el último golpe al pueblo. "Ninguna comunidad puede sobrevivir sin agua", dicen una y otra vez. Está en su etapa de construcción y comenzará la extracción en 2008.
Salar del Hombre Muerto: Es uno de los yacimientos más grandes de litio (metal alcalino utilizado para aleaciones, cristal y cerámicas). Se encuentra en plena puna catamarqueña, en el departamento Antofagasta de La Sierra. Pertenece a la empresa norteamericana FMC Lithium Corp y es un emprendimiento estratégico en lo político y económico: a raíz del Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno (que contempla la "cooperación mutua para la disminución de costos operativos y el aprovechamiento de infraestructura"), cuenta con la facilidad de una salida directa al Océano Pacífico (ahorrándose de este modo el traslado a puertos del Atlántico). Tiene capacidad para producir 25 millones de libras de carbonato de litio y 12 millones de cloruro de litio. Tiene una vida útil de 70 años. Pobladores campesinos acusan al yacimiento de contaminar los arroyos de donde obtienen agua para consumo humano, animal y riego.
SAN JUAN
Veladero:
Está ubicado a 320 kilómetros al noroeste de la capital sanjuanina y a unos 4.850 metros de altura. Comenzó a gestarse en 1994 y sólo una año después ya comenzó la etapa de exploración. Pero los procesos fueron lentos: recién luego de la devaluación la empresa canadiense Barrick Gold (una de las más importantes del mundo) presentó un informe de impacto ambiental. Una vez aprobado, comenzó la construcción de las instalaciones. En octubre de 2005, Veladero inició la extracción de oro y plata. Utiliza el sistema de explotación a cielo abierto con utilización de cianuro, tiene una vida útil de 17 años y planea extraer trece millones de onzas de oro. El ex ultra menemista, ex duhaldista y ahora kirchnerista gobernador de San Juan, José Luis Gioja, es uno de sus máximos defensores. Además, una empresa de su familia (productora de cal) es una de las principales proveedoras del yacimiento.
Pascua Lama:Es el primer proyecto binacional entre Chile y Argentina. Será el yacimiento más grande de ambos países y estará entre los primeros cinco del mundo. Pertenece a la canadiense Barrick Gold y extraerá oro y plata. Aseguran que no utilizará cianuro, pero el método igualmente será a cielo abierto, con un sistema de flotación en sopas ácidas. Ya cuenta con la aprobación de ambos países y las obras de infraestructura demandarán poco menos de dos años. A mediados de 2009 planean que ya esté exportando oro y plata. Es, sin duda, el proyecto más polémico. "Será un desastre, peor que cinco plantas de celulosa juntas", graficaron los ambientalistas de San Juan.
Pachón: El yacimiento fue descubierto en 1962 y los gobernadores de turno siempre prometieron su explotación. Pero nunca pasó la etapa de exploración. Devaluación mediante, "el gigante dormido" (como lo llama el sector minero sanjuanino) comenzó a ser molestado para que despierte. Si Pachón comienza a producir, como estiman desde la empresa canadiense Falconbridge, puede convertirse en el principal proveedor de cobre del país y su producción moverá la aguja a nivel mundial: el metal sacado en San Juan puede significar hasta el tres por ciento de la producción de todo el planeta. Falconbridge planea comenzar la construcción en 2007 (y terminarla en 2009) y tendrá una vida útil de veinte años. Será tres veces más grande que Veladero y está ubicada en Calingasta, a sólo tres kilómetros e la frontera con Chile. El sistema de extracción también será a cielo abierto, con una planta de flotación de capacidad de 100.000 toneladas de mineral por día. Además de cobre, posee molibdeno, oro y plata.
CHUBUT
Navidad:Se trata de uno de los yacimientos de plata y plomo más grandes del mundo, llamado "Navidad" porque los primeros resultados de laboratorio (de las muestras de rocas extraídas a profundidad) estuvieron listos un 25 de diciembre. El estudio determinó que estaban frente a un gran regalo: existen minerales por 3.500 millones de dólares. Esa riqueza se la disputaron dos empresas canadienses: IMA Explorations y Aquiline Resources. Lo paradójico, y nefasto, fue que el conflicto sobre recursos patagónicos no se resolvió en la justicia argentina, sino en los tribunales canadienses, que otorgaron la explotación a Aquiline. Está ubicado en la localidad de Gastre, en Chubut, zona de pequeña ganadería y la cría de guanacos. Cerca de allí funcionó Mina Angela, la mayor experiencia de minería metalífera en la provincia y una de las más importantes del país. Sólo quedó de ella un enorme depósito de residuos tóxicos que envenena con cadmio el agua y los animales de la zona.Luego de las manifestaciones de Esquel, que rechazaban la instalación de una mina, el gobierno de Chubut suspendió por tres años cualquier actividad minera metalífera (incluyendo exploración) en el noroeste de la provincia. Nadie entiende por qué sólo se prohibió en el noroeste, y no en todo Chubut. La meseta (donde está "Navidad"), la zona más pobre de la provincia, quedó así librada a la decisión de las empresas.El Desquite:La lucha del pueblo de Esquel marcó un quiebre en la relación de las comunidades y las explotaciones mineras de metales a gran escala. La Asamblea de Vecinos Autoconvocados marchó, informó a la comunidad y hasta organizó una consulta popular (en 2003) para que el pueblo decida sí o no a la mina. El 81 por ciento votó por el rechazo. Se trata de un proyecto de oro y plata a cielo abierto, con uso de cianuro, a sólo diez kilómetros del centro urbano. El hecho tuvo gran repercusión mediática y sirvió como puntapié para la organización de otras comunidades del país. A pesar del tiempo y la sostenida resistencia, la empresa, Meridian Gold (de Estados Unidos) mantiene el proyecto en cartera, tratando de seducir (con campañas de marketing y de asistencialismo) a los pobladores. Esquel fue el primer lugar de América donde la acción de la población logró que un proyecto de explotación minera suspenda sus actividades.
RIO NEGRO
Calcatreu: La compañía canadiense Aquiline trabaja desde hace tres años en la puesta en funcionamiento de una mina de oro y plata a cielo abierto, con cianuro, en la localidad de Ingeniero Jacobacci. Uno de los grandes opositores es el Parlamento Mapuche de Río Negro, que hasta realizó presentaciones judiciales para que la empresa no continúe con el proyecto. Y también se organizaron Vecinos Autoconvocados, que rechazan cualquier emprendimiento minero a gran escala. El proyecto se encuentra en la etapa de exploración, pero la compañía admitió que está en "exploración avanzada". La referencia directa para los habitantes de Jacobacci es Mina Angela, un yacimiento ubicado en Chubut, pero con desembocadura de aguas hacia Jacobacci, zona donde se confirmó la contaminación con cadmio, un metal pesado. El gobierno provincial rechazó el informe de impacto ambiental (imprescindible para iniciar la etapa de construcción) de la empresa. Y sancionó, motivada por la movilización de las organizaciones sociales, la Ley 3981, que paralizó momentáneamente la explotación del proyecto. Sin embargo, Aquiline Resources advirtió que no se retirará del lugar. El actual senador y aspirante a la gobernación de la provincia, Miguel Pichetto, anunció públicamente que, de ganar las próximas elecciones, una de sus primeras medidas será levantar la prohibición al uso de cianuro.
NEUQUEN
Andacollo:En Andacollo, en el noroeste neuquino, opera la empresa minera chileno-canadiense Andacollo Gold, que en 2001 obtuvo un crédito del actual gobierno provincial para reiniciar la actividad minera en la zona. Es una zona de cría de cabras y con tradición minera artesanal, tanto compañías inglesas como buscadores independientes, que extrajeron oro a lo largo de todo el siglo pasado. Los lugareños relatan que la explotación de los ingleses produjo la desaparición del bosque de lengas, cuya madera se utilizó para apuntalar los socavones. Extrae oro y cobre por el método de flotación. Los pobladores acusan a la empresa de contaminar el arroyo Huaraco (afluente del río Neuquen), 500 metros debajo de la planta de procesamiento de la minera.
JUJUY
Pirquitas:En el departamento de Rinconada, a 346 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy y 4.200 metros de altura, se encuentra la Mina Pirquitas. Fue, desde 1936 y 1989, una explotación subterránea de donde se extrajeron 20.000 toneladas de estaño y 25 millones de onzas de plata. Desde 1995, diferentes empresas evalúan la posibilidad de explotar el yacimiento con otro método: cielo abierto, con la explosión y trituración de 6.600 toneladas de roca por día. Con el cual podría extraer, además de estaño y plata, zinc. La empresa canadiense Silver Standar Resources es propietaria del proyecto.
Minera Aguilar:Es un yacimiento de plomo, plata y zinc en etapa de exploración. Pertenece a la empresa Suiza Glencore, está ubicada en el departamento de Humahuaca, y se trata de dos minas: Aguilar y La Esperanza. La compañía tiene experiencia en este tipo de yacimiento: es propietaria de empresas mineras en Bolivia. La Red Puna, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena, es una de las organizaciones que se moviliza contra este tipo de explotación. Asegura que la explotación contaminará las aguas y tierras donde viven y trabajan desde hace décadas campesinos e indígenas.
MENDOZA
San Jorge: Proyecto de cobre y, en menor proporción, de oro ubicado en el valle de Uspallata, a 90 kilómetros al noroeste de la capital mendocina y 2.500 metros de altura. Pertenece a la empresa japonesa Nippon Mining &Metals. Sus reservas minerales se estiman en 146 millones de toneladas de concentrados, con 0.5 por ciento de cobre y 0,2 gramos por toneladas de oro. Se encuentra en etapa de exploración avanzada y la forma de explotación sería a cielo abierto. Aún no se determinó si se usará cianuro. Las comunidades mendocinas advierten que la industria minera atentará con su forma de subsistencia tradicional: la agricultura.
SANTA CRUZ
Cerro Vanguardia:Es un yacimiento de oro y plata, cuya concesión minera comprende 514 Kilómetros cuadrados. Es, en cuanto a su proyección, la principal mina de metales preciosos del país: comenzó a construirse en 1997, la extracción se inició un año después y su vida útil llegará hasta el 2027. La explotación consiste en extracción a cielo abierto, que utiliza cianuro. Existe muy poca información sobre su forma de trabajo y su implicancia en el medio ambiente. Ello se debe a dos motivos: está ubicada en pleno desierto patagónico, la localidad más cercana (Puerto San Julián) está ubicada a 150 kilómetros del yacimiento. La otra razón para la desinformación: es un proyecto impulsado por el ex gobernador y actual presidente, Néstor Kirchner. No existen datos sobre su facturación. Sólo que es propiedad de Anglo Gold Ashanti (de un consorcio británico y sudafricano), con participación de la provincia.
Manantial Espejo: En el sector denominado Manantial Espejo, cerca de la frontera con Chile, a unos 160 kilómetros al oeste de San Julián, desde 1980 se estudia la posibilidad de extraer oro y plata. Los estudios determinan que las reservas serían de unas 4.000 toneladas de concentrados. Y se podrá obtener 264 gramos de plata por tonelada y 4,5 gramos de oro. La empresa Minera Triton, a cargo del yacimiento, es propiedad de las canadienses PanAmerican Silver (casi la totalidad de las acciones) y Silver Standard Resources, con yacimientos en Perú, Bolivia y México. El estudio de factibilidad se completó en 2005 y planea ingresar en etapa de instalación en el corto plazo y extracción a fines de 2008. El método a utilizar: cielo abierto con uso de cianuro.
San José-Huevos Verdes: Proyecto de la sociedad anónima Minera Santa Cruz, conformada por la Minera Andes (canadiense) y Mauricio Hochschild (de capitales peruanos y estadounidenses). El proyecto, de oro y plata, se encuentra ubicado en el noroeste de la provincia de Santa Cruz, a 100 kilómetros de la localidad más cercana, la población de Perito Moreno. El secretario de minería nacional, Jorge Mayoral, es uno de los principales impulsores del proyecto, que comenzaría la etapa extractiva en 2008.
LA RIOJAFamatina:
La multinacional minera canadiense Barrick Gold Corporation pretende explotar a cielo abierto una mina de oro y plata en el cerro Famatina. La movilización social en los pueblos riojano (Famatina, Pituil, Chañarmuyo, Chilecito, Chamical, Punta de los Llanos, Los Sauces y y Chepes, entre otros) resiste al proyecto con campañas de difusión, marchas y cortes de ruta. Lograron que el interino gobernador riojano impulse una ley de prohibición de minería a cielo abierto con uso de cianuro, pero saben que la compañía no dejará el proyecto y que, cualquiera sea el próximo gobernador, podrá habilitar nuevamente la actividad minera.
Fuente: http://nominas.blogspot.com/
