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lunes, 19 de abril de 2010

Diputados Nacionales en Catamarca


Diputados nacionales en Andalgalá


FUERTE RESPALDO A LAS DENUNCIAS DE LOS POBLADORES CONTRA LA EMPRESA AGUA RICA Y EL GOBIERNO

Diputados que integran las comisiones de Derechos Humanos y de Medio Ambiente del Congreso de la Nación brindaron el pasado viernes 16 una conferencia de prensa en la sede del sindicato de ATECa, en la cual informaron sobre las actividades desarrolladas en Andalgalá durante el día jueves y condenaron la represión del 15 de febrero.

Estuvieron presentes los diputados nacionales Victoria Donda, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (Libres del Sur); Horacio Alcuaz (GEN); Verónica Benas (SI x UP); los legisladores de la Coalición Cívica – ARI Fernanda Reyes, Elsa Quiroz, Héctor Flores y Susana García.

Participaron de la marcha que se hizo en memoria de la brutal represión policial del pasado 15 de febrero a los pobladores que se manifestaron masivamente en la plaza 9 de Julio para repudiar el violento desalojo del corte en el Algarrobo.

Mantuvieron un dialogo con los asambleístas en el corte de Chaquiago con miembros de la asamblea y se informaron del desarrollo de los hechos que derivaron en la violenta policial.

Tal cual lo habían solicitado intentaron concretar la audiencia con la fiscal de Instrucción Marta Nieva, pero ante su ausencia, finalmente se reunieron con el subrogante Carmelo Mammna.

Denunciaron la inacción judicial en Andalgalá y sostuvieron que esta situación coloca a los funcionarios judiciales bajo sospecha de connivencia con el poder político que sostiene y alienta las explotaciones mineras a cielo abierto y en gran escala

Victoria Donda manifestó “estamos acá para acompañar a los andalgalenses, y el pueblo de Catamarca, pero también a todo el pueblo Argentino porque lo que está ocurriendo con este tipo de emprendimientos es la violación sistemática de los derechos humanos. No puede ocurrir que haya niños y ancianos golpeados por manifestar y tampoco puede ocurrir que la justicia mire para otro lado. Que la represión este en mano de las instituciones y nadie se haga responsable y nadie de respuestas a quienes se vulneran sus derechos”

La diputada Quiroz fue categórica cuando responsabilizó al Gobierno provincial y a la fuerza policial. "Aquí hay presiones de todos lados y además está la complicidad de los funcionarios políticos y judiciales", expresó.

Donda agregó que a dos meses de haberse abierto la causa, no existe ningún tipo de avances para determinar quiénes fueron los efectivos de la Policía provincial que reprimieron a los manifestantes. Dijo además “empleados de la Fiscalía se niegan a recibir las denuncias de las personas que fueron agredidas”.

Los legisladores nacionales concordaron en que es imperioso que se establezcan las responsabilidades de este atropello a la población de Andalgalá.” Y de quien es la responsabilidad en la política, sino es del ministro de gobierno. Entonces como es que no aparece y no dice absolutamente nada”, aseveró el diputado Héctor Flores.

Por otro lado los diputados plantearon su extrema preocupación sobre el hecho de que una institución del Estado que debe brindar seguridad para todos los ciudadanos, que es la policía, funcione como una especie de seguridad privada de las empresas mineras. “Esta es una denuncia gravísima que también hemos podido constatar por los videos que muestran a los policías movilizados en camionetas de la empresa minera. Esto es alarmante en un estado de derecho”, sostuvo la diputada Fernanda Reyes

Verónica Benas expuso que “lo que está ocurriendo es que hay un acuerdo manifiesto, porque hay una unidad de intereses entre estas empresas internacionales que vienen a llevarse nuestras riquezas con formas de explotación que no son permitidas en otros países, con un total desprecio por la soberanía y con la complicidad de los funcionarios políticos de nivel municipal, provincial y nacional que incrementan su patrimonio”. Con respecto a las personas golpeadas añadió “tuvieron dificultades hasta para conseguir profesionales que constataran las lesiones por las balas de goma que disparó la Policía”.

Finalmente los diputados plantearon la posibilidad que una comisión integrada por representantes de las asambleas y organizaciones de la Coordinadora en Defensa de la Tierra y los Bienes Comunes pueda trasladarse a Capital Federal para exponer la situación que se plantea en la región, ante el plenario de las comisiones.

Nota: Carlos Galindez

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