Por Evangelina Quiroga
Desde Catamarca
SEGUNDA PARTE
El día después del comienzo
Tan pronto como la mina comenzó a operar, las ilusiones de desarrollo que existían entre algunos pobladores del oeste catamarqueño se desvanecieron. Y comenzaron a organizarse grupos en defensa del ‘ambiente, el agua y la vida’, como se autoproclaman.
‘Los Vecinos por la Vida’ de Andalgalá sienten que, con Alumbrera, ya tienen la batalla perdida: “A Alumbrera ya la dejamos entrar, pero no vamos a dejar que pase lo mismo con Agua Rica”, advierte Urbano Cardozo, un andalgalense que lleva años en esa lucha. Agua Rica es otro ambicioso proyecto minero de oro, cobre y molibdeno que ya calienta motores para 2012 y que vuelve a dividir a la sociedad andalgalense.
No hubo que esperar al cierre de mina –dicen los ambientalistas- para advertir las consecuencias de la explotación minera a cielo abierto. Diola Matesich, Marcelo Orellana y Cardozo enumeran:
-Rotulado como departamento minero, Andalgalá no recibió los beneficios de diferimientos impositivos agrícolas (principalmente olivícolas) que coparon miles de hectáreas justo hasta el límite jurisdiccional lo que, sostienen los ‘Vecinos por la Vida’, frena un desarrollo alternativo al que propone la minería. Recién ahora el Gobierno está impulsando un viejo proyecto de una colonia agrícola en la zona.
-El poblado de Vis Vis, el más cercano a la mina –distante unos 7 km- literalmente desapareció. Dicen que en 10 años, las 20 familias que vivían y producían en Vis Vis abandonaron el lugar y la escuela tuvo que cerrar. Amanao, está a 20 kilómetros río abajo de la mina. Cardozo asegura que de las 120 familias que habitaban allí antes de Alumbrera, hoy quedan 19.
-Otra consecuencia es el derrame económico que no fue, porque las promesas de contratación de mano de obra e insumos locales no se cumplieron o, por lo menos, no en la medida de las expectativas que generó el mega-proyecto.
-Un derrame que sí llegó, y en más de una oportunidad fue el del mineraloducto, un caño de 317 km que -enterrado en la mayoría de su trayecto- transporta un concentrado de mineral en forma de barro hasta la planta de filtros en Tucumán donde, tras un proceso de secado, es cargado en trenes que van directo al puerto.
Los derrames –por roturas del caño, problemas de presión, etc- fueron admitidos en algunas oportunidades por Alumbrera y los gobiernos provinciales y denunciados muchas más veces por los grupos ambientalistas.
Urbano Cardozo muestra una fotografía-casi-poster donde se observa el trabajo de ‘remediación’ que Alumbrera realizaba sobre el lecho seco del río Villa Vil en Andalgalá, a raíz de una rotura del ducto. La remediación consistió en levantar el barro y cargarlo en bolsas de polietileno. Desde el Gobierno de Catamarca piden desdramatizar estos episodios y aseguran que en todos los casos fueron remediados.
En Tucumán también se denunciaron problemas similares con el ducto. Vecinos de Concepción consiguieron que, con orden judicial y presencia de autoridades políticas y judiciales, se desenterrara el material que, tras una rotura del mineraloducto, había sido enterrado en Alpachiri. Muestras de ese barro fueron sometidas a estudios y arrojaron la presencia de decenas de metales.
-Los efectos sobre la salud de la población que pudiera generar la minería son los que más temor causan, porque ningún organismo oficial lleva (o por lo menos da a conocer) estadísticas. En 2003 se conoció el único informe del hospital de Andalgalá en el que se mostraba el alza que año a año fueron registrando las enfermedades respiratorias.
Después de eso, no se volvieron a obtener registros oficiales. Pero un grupo de médicos, algunos de los cuales trabajan en el hospital de la zona, elaboró un informe inquietante en el que denuncian la existencia de casos de enfermedades raras y cánceres en Andalgalá por encima de la prevalencia ‘normal’.
Luis Flores es uno de esos profesionales. Como trabajo de tesis de una maestría en Salud Pública se puso a estudiar la incidencia de los casos de cáncer en Andalgalá y asegura que treparon en un promedio del 800 %. Dice tener todo registrado: nombres, diagnósticos, pronósticos y demás.
Menciona un caso que le preocupa: “La incidencia de osteosarcoma, un cáncer de hueso que se da en niños y jóvenes de entre los 5 y los 20 años principalmente, es de seis casos por millón de habitantes. Eso es lo habitual por año. En Andalgalá tenemos 18 mil habitantes y 3 casos de este cáncer, o sea que trepamos en incidencia al 2.400 %”, apunta.
También advierte, en un informe que lleva la firma de otros tres médicos, que ‘aparecieron’ entre la población enfermedades raras: miastenia gravis, esclerosis múltiple, enfermedades del colágeno.
“La incidencia de la esclerosis múltiple es de 1 caso por 10 mil habitantes o 1 caso por 30 mil en algunos lugares. Nosotros tenemos 18 mil habitantes y tenemos 10 casos registrados, es decir, una incidencia que supera el 500 %”, advierte.
¿Se puede vincular la aparición de estas enfermedades a la explotación minera que se lleva a cabo en Andalgalá? “El mega-emprendimiento está desde hace 12 años atrás. La incidencia de patologías aparece de cinco años hasta ahora. Siempre que hay un mega-emprendimiento con contaminación del medio ambiente no lo hace en forma inmediata, hay un tiempo para empezar a producir daño”, señala.
Con ese informe, los ambientalistas pretenden apuntalar un amparo que les permita frenar la actividad minera en el lugar.
Reclamos en la Justicia
En Catamarca hay dos causas judiciales en contra de Alumbrera. En Tucumán otras dos, en Rosario una y en Santiago del Estero otra.
La Justicia Federal de Catamarca tiene una causa por presunta contaminación de la cuenca del río Vis Vis iniciada a instancias de la Fiscalía. La pericia realizada en el marco de la causa por el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), un organismo dependiente de la Secretaría de Minería de la Nación, dice que la calidad del agua no sufrió alternaciones. De no haber impugnaciones a esa pericia, la causa no prosperaría.
En esa provincia avanza además una demanda civil por daños y perjuicios iniciadas por Rosalinda Flores y Marcelo Casas. Flores y Casas son madre e hijo. Aseguran haber tenido que abandonar su casa y sus tierras en la localidad de Vis Vis como consecuencia de la explotación minera que, por un lado, rompió con su economía familiar y afectó la producción ganadera y agrícola que su familia mantenía, en pequeña escala, desde tiempos ancestrales. Esa causa está próxima a ser resuelta por el juez federal subrogante, Ricardo Moreno.
En Santiago del Estero se sustancia otra causa contra Alumbrera por la presunta contaminación de la cuenca Salí-Dulce. Es porque allí irían a parar, tras pasar por el canal DP2, los efluentes de otra etapa del proceso operativo de Alumbrera.
La Justicia Federal de Tucumán también investiga a Alumbrera. Se trata de una causa iniciada en 1998 por Juan González, un biólogo que fue director de Medio Ambiente en Tucumán. En el marco de esa investigación, el fiscal general Gustavo Antonio Gómez pidió el procesamiento del vicepresidente de Alumbrera, Julián Rooney como responsable de la contaminación sufrida por el canal DP2, adonde iban a parar los desechos del mineraloducto.
La Cámara de Apelaciones de Tucumán dictó el procesamiento contra el directivo minero, pero meses más tarde esa medida fue revocada por la Cámara de Casación Federal de Buenos Aires, lo que no significa que la causa haya quedado sin materia. Así las cosas, el expediente volvió al juez de primera instancia.
La Justicia provincial tucumana, en sus tribunales de Concepción, también tramita una demanda por daños y perjuicios iniciada por Juan Carlos Aranda, quien reclama a YMAD y a Alumbrera Ltd. resarcimiento económico porque considera que fue el accionar de la minera el que afectó una reserva de agua mineral –un manantial- que se aprestaba a explotar comercialmente. El hombre aportó, como pruebas, análisis de la calidad de agua del manantial antes y después de Alumbrera.
En Rosario por último se tramita una causa por presunto contrabando de metales en contra de la empresa. Concretamente se la acusa de transportar más sustancias de las que declara como resultado de la explotación minera. Aranda y sus hermanos también denunciaron por contrabando a Alumbrera, y como prueba, aportaron análisis del barro que transporta el mineraloducto donde aparecen decenas de sustancias distintas a las declaradas.
Desde Alumbrera se defienden diciendo que las causas, de a poco, van cayendo y contrastan que aunque la Justicia los investiga, no han sufrido sanciones de carácter administrativo de parte de los organismos encargados de controlarlos: “Si estuviéramos incumpliendo con algo, el primer paso lógico sería la no aprobación de la actualización del Informe de Impacto Ambiental; segundo alguna multa o sanción que podría llegar hasta el cierre provisorio. No tenemos ninguno de esos casos. Sin embargo, la Justicia había avanzado, en muchos casos desde nuestro punto de vista injustamente”, remarca Montaldi.
Lo que no dice y que despierta controversias, es que la Secretaría de Minería de Catamarca, encargada de promover los proyectos mineros y aprobarles sus informes de impacto ambiental, es el mismo organismo que debe hacerles el seguimiento y control y, eventualmente, aplicarle sanciones.
Alumbrera, 2017 ¿y después?
El día después
Fuente: http://investigaciones.fopea.org/mineras/mineras/nota1.php
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